La empresa catalana Celsa llevará a cabo las "acciones necesarias" junto a sus grupos de interés para asegurar la continuidad de su proyecto industrial. En un comunicado, la siderúrgica ha recordado que la "toma de control" del negocio por parte de los fondos todavía requiere de la autorización del Gobierno. De esta forma, Celsa, controlada hasta ahora por la familia Rubiralta, se refiere así a la sentencia que este lunes dio vía libre a un grupo de fondos de inversión para sustituir a esa familia como propietarios de la siderúrgica, al convertir 1.352 millones de deuda en capital.

En una nota emitida este martes, la familia Rubiralta da a entender que no tiran la toalla en este proceso al comentar que "Celsa, dentro del necesario respeto a la sentencia judicial, velará por los intereses industriales, sociales y económicos que no solo afectan a la compañía, sino a todo su entorno, cadena de valor y trabajadores".

El negocio catalán apunta que "el plan de reestructuración homologado en sede judicial significa la toma de control por parte de inversores extranjeros de una empresa estratégica española", y añade que "este hecho, de acuerdo con la ley sobre el régimen jurídico de movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior, requiere de una autorización expresa del Gobierno de España".

Continuidad de Celsa en España

De esta forma, los hasta ahora propietarios dejan claro que la toma de control por parte de los fondos todavía requiere del visto bueno del Ejecutivo. "Celsa, empresa estratégica para la economía española y europea, que ha desarrollado un modelo único y de referencia de producción de acero circular y de bajas emisiones, mantiene el apoyo de los diferentes grupos de interés (socios, proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos) a su modelo industrial", defiende la compañía. "Todos ellos a lo largo de este proceso se han manifestado a favor de la continuidad del proyecto y por ello Celsa tiene asegurada su continuidad", añade Celsa.

Tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación. En este sentido, el Gobierno español tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España. En esta línea, el Ministerio de Industria ha insistido tras la sentencia que el objetivo es "garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico", algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.

Apoyo a la empresa

Asimismo, en defensa de su plan industrial que garantiza la viabilidad del grupo, según la misma compañía, Celsa recuerda que los actuales gestores mantienen “el apoyo de los diferentes grupos de interés (socios, proveedores, administraciones públicas, gobiernos autonómicos, patronales o sindicatos) a su modelo industrial”. Entre estos apoyos, los del Govern y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT -este último con mayoría al comité de empresa de los centros productivos de la siderúrgica en Catalunya- y del gobierno y los sindicatos vascos.

El apoyo del Govern se ha remachado esta mañana con las declaraciones de la portavoz del ejecutivo, Patrícia Plaja, que ha pedido a los nuevos propietarios de Celsa "garantizar la integridad del proyecto y los puestos de trabajo", porque consideran que es una empresa “con valores estratégicos” y, por lo tanto, estrategia para Catalunya. También ha asegurado la portavoz que el conseller de Empresa i Treball, Roger Torrent, se reunirá en los próximos días con todas las partes implicadas.

Crítica de los sindicatos

Por su parte, los sindicatos argumentan que “en ningún momento de todo este proceso han podido acceder al plan de reestructuración que plantean los acreedores”, entre otras cosas, porque el juez Álvaro Lobato desestimó que se presentaran como parte en el proceso judicial que ha derivado en la homologación del mencionado plano y, por lo tanto, al facilitar que la compañía pase en manos de los fondos de inversión internacionales que subscribieron el 90% de la deuda de cerca de 3.900 millones brutos que tiene la compañía. La plantilla de Celsa en Catellbisbal (Barcelona), el principal centro de producción y sede de la compañía de la familia Rubiralta, ha evitado valorar la sentencia sobre el cambio de manos de la compañía hasta que haya examinado la resolución judicial y se haya reunido con la nueva propiedad. El presidente del comité de empresa en Celsa Barcelona, Fernando Puga, de UGT, ha explicado en la agencia ACN que no tienen "ningún tipo de información" sobre el aval en el plan de reestructuración, y que únicamente tienen constancia de la aparición del dictamen a través de los medios de comunicación. En este sentido, será más adelante cuando valorarán si convocan movilizaciones.

En un comunicado interno enviado la tarde de lunes a la plantilla, la dirección de Celsa agradece "el esfuerzo, conocimiento e implicación" de todos los trabajadores, que han encadenado sucesivos sacrificios en sus condiciones laborales desde que en 2010 aceptaron reducirse el salario un 20% para intentar salvar el proyecto industrial de Celsa que, "reúne, por sus características, una relevancia estratégica para la sociedad y la economía española y europea".

Sentencia

El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona dio a conocer este lunes su decisión de homologar el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, según dicta en su sentencia, contra la que no cabe recurso.

Tras la sentencia, los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que esta les concede "el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda". Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la compañía en el país y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.