A la vuelta de las vacaciones, en los primeros diez días de septiembre, el juez Álvaro Lobato dictará sentencia sobre la solicitud de los acreedores de la siderúrgica Celsa de ejecutar un plan de reestructuración de la compañía, que les adeuda 2.800 millones, y que consideran que es insolvente para afrontar los pagos, aunque sea con una refinanciación. Al frente del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, Álvaro Lobato —hasta 2019 socio responsable del departamento de litigios del despacho DLA PIPER— ha dado el “visto para sentencia” este martes después de escuchar las conclusiones de los abogados de Celsa, que defienden por activa y por pasiva la viabilidad del grupo; de los diversos fondos internacionales acreedores —entre los que se cuentan Deutsche Bank, SPV Global, Sculptor Investment y Anchorage Capital ,y que controlan un 90% de la deuda— y de Kutxabank, el único acreedor que ha impugnado el plan de reestructuración porque niega que a fecha de abril de 2023 tenga instrumento crediticio alguno abierto con Celsa. Anclados en sus diversas y opuestas visiones de la situación financiera y de las perspectivas del negocio del acero, muy distantes, los abogados de las partes han expuesto a modo de resumen los argumentos que esgrimían en los informes periciales realizados para valorar la compañía. También han analizado el plan industrial que defiende sus actuales propietarios, la familia Rubiralta, y por parte de la defensa de Celsa, la ausencia de una estrategia de negocio por parte de los fondos.

El representante legal de Celsa, el abogado Jaime Cano —socio del bufete Cortés Abogados— ha defendido que la propuesta de los acreedores y las periciales que sostienen que el valor del grupo es inferior al montante de la deuda, se ha presentado después de meses de rechazar las negociaciones para llegar a un acuerdo de refinanciación, y a la espera de que entrara en vigor la nueva ley concursal para, desde una interpretación “muy particular”, conseguir quedarse con el 100% del capital de la compañía. A su entender, los fondos acreedores del grupo buscan "el expolio" de la siderúrgica, porque su plan de reestructuración conlleva "graves incertidumbres que pueden provocar el colapso de Celsa en muy corto plazo", "en semanas", ha argumentado. Cano ha acusado a los fondos “oportunistas”, de aferrarse a este impago, atribuible al estallido de la pandemia y que está pendiente de juicio, para "mantener a la compañía en una situación de 'default' —impago— formal".

Por su parte, la representación legal de los acreedores ha apuntado que el juez deberá tomar la decisión de "homologar el plan de reestructuración [que implica que los acreedores capitalicen la deuda por el 100% de las acciones] o asumir que Celsa llegue a una situación de concurso de acreedores" que, ha añadido textualmente, seguramente sea de “liquidación”. Ha calificado la propuesta industrial y financiera de los Rubiralta de “puro humo”, “es una quimera, algo que no existe" y ha puesto en duda que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se mantenga dispuesta a dar una ayuda a la empresa, cifrada en 550 millones de euros.

Capitalizar la deuda equivaldría al 31% del capital

Analizándolo por partes, la defensa de la familia Rubiralta ha expuesto que, en líneas generales, el plan de reestructuración de los acreedores se ha elaborado de espaldas a la compañía sin tener en cuenta ni solicitar la información necesaria para elaborarlo, por lo que la valoración que se hace de la compañía —entre 2.400 y 2.800 millones de euros— no se ajusta a la realidad. El informe encargado por Celsa a Lazard sitúa la valoración en unos 6.000 millones y, ateniéndose a los peritajes revisados por BDO sobre los análisis encargados por los fondos a Grant Thornton y Deloitte, el valor ascendería a 4.400 millones. Por ello, en el peor de los casos, una de las conclusiones del abogado Cano apunta a que, acogiéndose al escenario más pesimista y a una deuda financiera neta actual de 3.433 millones —por la suma de los créditos en liza y otra línea de 600 millones— los fondos únicamente tendrían derecho a recibir a lo sumo un 31% del capital del grupo —basándose en que valiera 6.000 millones—.

Las advertencias del letrado de que “no estamos ante un fraude procesal y de que los fondos han acudido a él por la vía expeditiva para quedarse con el grupo y efectuar las plusvalías que tanto tiempo llevan esperando”, se centran en varios puntos:

  • CELSA ES SOLVENTE como “ha quedado demostrado con la evolución del negocio de los últimos trimestres y la cifra récord de ingresos de 2022; además del pago de algunos compromisos financieros”. ¿Qué tipo de insolvencia tiene Celsa?, se ha preguntado Jaime Cano, si podría refinanciar a tres años, si podían mantener las líneas de crédito de circulante abiertas con las entidades financieras, si se le concedía la ayuda de la Sepi por considerarse una empresa estratégica en España, si ha mantenido beneficios [ebitda] de 140 millones en 2020, 346 millones en 2021, y 404 millones en 2022, o cómo tendría suministros a crédito por 500 millones de euros de sus proveedores si no fuera solvente, ha insistido Cano.
  • CELSA ES REFINANCIABLE. Con los parámetros financieros actuales, el grupo puede acudir a fuentes financieras del mercado para obtener los importes suficientes para amortizar la deuda. “El grupo Celsa es refinanciable y capaz de obtener en el mercado la capacidad suficiente para pagar la deuda, si no lo ha hecho es por dos razones: la deuda no es exigible y no es legítimo el convertible”.
  • CELSA ES UNA EMPRESA ESTRATEGICA. Al negarse a negociar, los acreedores han mantenido al grupo Celsa en tensión financiera durante los últimos tres años cuando, a raíz de la caída del negocio a causa del efecto Covid, la compañía no atendió a sus pagos de un crédito jumbo —préstamo hipotecario— de 1.270 millones de euros y de una línea de crédito convertible de 1.163 millones.  Ha admitido que Celsa tiene una suma de impagos por valor de 2.433 millones. “El grupo ha entendido legítimamente, según Cano, que esos pagos podrían refinanciarse y solicitó una ayuda pública —a la Sepi— para subsanar esos créditos”. De los 550 millones solicitados a la Sepi, 400 millones se destinaban a la amortización de deuda, y 50 millones engrosarían la caja del grupo, situada en unos 160 millones de euros. “Esgrimir que una compañía es insolvente porque ha pedido una ayuda a la Sepi es un disparate”, ha reafirmado.
  • LOS FONDOS NO TIENEN PLAN INDUSTRIAL. Los representantes de Celsa arguyen que la reestructuración que han presentado es meramente financiera y con un único objetivo: apropiarse de la compañía. Por ello, no presentan ninguna estrategia de negocio y las previsiones que hacen a futuro se basan en los pronósticos y datos de otros conglomerados internacionales del acero que “poco o nada tienen que ver con la actividad y el mix de productos de Celsa”. El plan esconde "graves incertidumbres".
  • LOS FONDOS DEJAN A LA COMPAÑÍA SIN CONTROL. El abogado aseguró que el plan de reestructuración "transgrede gravemente el ordenamiento jurídico" y que busca "llevar a cabo una expropiación de la compañía y la expulsión de los accionistas del grupo en una magnífica operación financiera" para los fondos que, según él, “han admitido en este juicio que buscan la rentabilidad de una operación que compraron con un alto descuento, por unos 200 millones de euros, y que han demostrado que es interesante porque han seguido aumentando sus posiciones de deuda siempre que han tenido oportunidad de adquirir más paquetes financieros”. Además, les ha acusado de intentar desatender la compañía durante el proceso de transición dejando sin poder a sus órganos de gobierno y al margen a la familia Rubiralta, para poder “acceder a toda la información de la matriz y las filiales extranjeras” y hacer y deshacer a su antojo sin tener en cuenta la viabilidad de la compañía, únicamente atendiendo al rédito que pueden conseguir. En este apartado, el abogado Cano también ha mencionado la inconcreción sobre el futuro de la plantilla, de más de 9.000 trabajadores en Europa.

La defensa de los socios de Celsa ha afirmado que no cabe duda de que los fondos conocen que el cambio de control debe ser autorizado por el Gobierno de España. Así, su plan contiene medidas para eludir la ley española que protege a las empresas estratégicas afectadas por las consecuencias de la pandemia. Para Cano, estas medidas atentan contra diferentes derechos fundamentales de la legislación española y contra la propia Constitución. Los preceptos de anticonstitucionalidad que la defensa ha planteado se extienden también al derecho no reconocido en este proceso del deudor (Celsa) a oponerse al plan de los fondos.

"El mundo de los negocios es para adultos"

Contraponiéndose a estos planteamientos, la representación legal de los fondos acreedores ha argumentado que el plan de reestructuración propuesto por el 90% de los acreedores de Celsa es la única alternativa capaz de asegurar la viabilidad del grupo en el corto y en el medio plazo y evitar el concurso. En caso de que no se homologue el plan, es probable que Celsa se vea obligada a presentar un concurso, dado que el grupo tiene vencimientos pendientes con los acreedores por valor de casi 3.000 millones de euros. Entre sus argumentos:

  • VALORACIONES PARCIALES. Los informes periciales presentados por la familia Rubiralta no son imparciales. Se relacionan con el histórico del grupo y no atienden a la situación actual. Si fuese así, el abogado ha advertido de que “la compañía hubiese presentado ante este juez los estados contables de los dos primeros trimestres de este año” y no lo ha hecho. Ha aventurado que "si esos resultados intermedios arrojasen una conclusión de validación de las proyecciones de negocio de la compañía", habrían sido aportados.
  • PLAN INDUSTRIAL. La valoración de la compañía se sustenta en un plan industrial a futuro que tiene como base la “prima verde” que se puede obtener de la producción de acero de bajas emisiones. En este sentido, los acreedores sostienen que ni será tanta la cuantía que pueda apercibir Celsa por sus ingresos, ni tendrá la súper ventaja competitiva que se le presupone “porque ya hay otras corporaciones del acero en Europa que han hecho y tienen en marcha o planificadas inversiones para reconvertir su producción”, ya que “no tienen más remedio que hacerlo debido a la normativa existente y prevista en la Unión Europea”. El 75% del acero que se produce en Europa ya se fabrica en hornos eléctricos, ha mencionado el letrado, por lo que “resta credibilidad a que Celsa tenga un nivel de competitividad superior a la de sus players internacionales”. “El proceso de descarbonización de Celsa no será una excepción en el mercado europeo”, han sentenciado.
  • PLAN FINANCIERO. Los fondos insisten en que el plan de reestructuración sobre el que debe pronunciarse el juez es un plan financiero que no contempla una reestructuración operativa. No están previstos ajustes en las plantillas ni deslocalizaciones de la producción de ningún tipo. Los acreedores manifiestan que la viabilidad de la compañía no se verá afectada, a menos que los actuales accionistas obstaculicen el procedimiento a seguir una vez homologado el plan que prevé la ley para casos de empresas sobreendeudadas.
  • EL ACERO DE CELSA ES UNA ‘COMODITY’. A lo largo del juicio, que se ha desarrollado a lo largo de la última semana, los acreedores han sustentado en todo momento directa e implícitamente, que Celsa no es una compañía estratégica porque el acero que produce, según ellos, puede considerarse una comodity. Argumentan que, si no fuera así, la ayuda que aprobó la Sepi no hubiese necesitado el visto bueno de la CE. Además, en Europa hay una sobrecapacidad productiva de acero. “Y eso tiene dos efectos, la libertad de los productores para marcar los precios está limitada por la oferta cada vez superior y que las nuevas capacidades de producción —que defiende Celsa— no queda demostrado que les puedan garantizar más niveles de cuota de mercado”.
  • LA MALA GESTION DE LOS RUBIRALTA. Los fondos consideran que detrás de la actual situación de la compañía está la mala gestión de sus administradores y propietarios, la familia Rubiralta y su actual consejero delegado, Francesc Rubiralta. Los buenos gestores, según el abogado,  tienen que “diseñar políticas de crecimiento y de inversión sanas y en condiciones de cumplir los compromisos con los proveedores”. Pero, ha añadido, “Si creces con apalancamiento externo y con los recursos de la financiación bancaria no es de extrañar que algún día no puedas cumplir con tus compromisos”. Y ha declarado: “El mundo de los negocios es un mundo para los adultos, no se puede pretender tomar decisiones y no responsabilizarse de las mismas, porque ello no solo impacta en Celsa, sino en el entorno del sector”. Y ha emitido su sentencia: “Des de una perspectiva financiera la situación de Celsa es totalmente insostenible. Los señores Rubiralta deberían haber perdido el control del grupo en 2017. Han dispuesto de seis años para poder revertir la situación y buscar una solución”. Los acreedores manifiestan que la viabilidad de la compañía no se verá afectada a menos que los actuales accionistas obstaculicen el procedimiento a seguir una vez homologado el plan que prevé la ley para casos de empresas sobreendeudadas.