Cepsa se suma a Repsol y acuerda congelar una inversión por valor de 3.000 millones de euros ligada a la energía verde en España, hasta que el gobierno español aclaré qué va a pasar con el gravamen a las empresas energéticas que pretende convertir en un impuesto y hacerlo permanente. Según publica este viernes el diario Expansión, y confirman a On Economía en la empresa energética: ”Cepsa está valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente. Si esto se materializa, provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion. Nuestra transformación en marcha es irreversible para lograr que más de la mitad de nuestro beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030”, señalan fuentes de Cepsa.
No obstante, están fuentes no dan detalles de los efectos en España. Expansión señala que se ha paralizado el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno, una inversión emblemática hasta el punto de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presentó personalmente en diciembre de 2022. La petrolera de origen español, pero actualmente en manos del Gobierno de Abu Dhabi, es una de las más dinámicas en combustible alternativo, hasta el punto de haber ido abandonando la explotación de extracciones petrolíferas para volcarse en nuevos combustibles como el biodiésel o el hidrógeno.
16.000 millones
La decisión de Cepsa de poner en stand-by la inversión en Andalucía se conoce el día después de que la Asociación Española de Operadores de producto petrolíferos (AOP) advirtiese de que la inseguridad jurídica derivada del impuesto a las energéticas pone en riesgo inversiones por valor de 16.000 millones de euros. La asociación agrupa a las cuatro grandes multinacionales petroleras que operan en España -Cepsa y Repsol, ambas de origen español, BP (británica) y Galp (portuguesa) y los operadores Grupo Saras y Gunvor-. Y se suma al anuncio realizado por Repsol días atrás de que está en peligro la inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona, que podría irse a Portugal -de hecho, ya han anunciado un proyecto de 15 millones en el país ibérico-. La petrolera tenía previsto instalar en Catalunya una ecoplanta de metanol y bioetanol renovable, con un coste de 800 millones, y el mayor electrolizador de España para hidrógeno verde, asociado a esta planta, por otros 300 millones.
Repsol ha encabezado una fuerte protesta contra el gravamen a las empresas energéticas que el Gobierno español implantó hace dos años con carácter temporal y que pretendía obtener algo más de 5.000 millones de las empresas energéticas -petroleras, eléctricas, gasistas-. Una protesta que se secunda no solo desde otras empresas energéticas, sino también de la banca. El Ejecutivo de Sánchez pretende convertir ambos gravámenes en impuestos y, por tanto, hacer permanente, con una fuerte presión por parte de Sumar, socio de Gobierno de coalición.
Pelea política
El debate sobre la tasa ha trascendido del ámbito empresarial y ha saltado al político y el territorial. Catalunya y el País Vasco han encabezado la oposición a la transformación de los gravámenes temporales e impuestos permanentes. Desde el primer territorio, Junts ya ha mostrado su intención de no aprobar el cambio legal que se está tramitando actualmente en el Congreso, como adelantó On Economía y ha reconocido la formación independentista. De hecho, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera y número dos del Partido Socialista, declaró este jueves que sin el apoyo de la formación catalana será muy difícil sacar adelante la transformación de ambos gravámenes que declinarían el próximo año si no se prorrogan o reforman antes de diciembre.
Desde el País Vasco, la estrategia ha sido diferente, gracias a la independencia fiscal del territorio foral. El lehendakari Imanol Pradales ya ha advertido al Gobierno de Sánchez que si ambos gravámenes se transforman en impuestos y se convierten en permanentes, deberán ser traspasados a las tres Haciendas forales en virtud de la fiscalidad propia del territorio. No obstante, Pradales ha recordado que ellos siempre han estado en contra de los gravámenes -afectan a empresas con una fuerte vinculación en el territorio, como Repsol e Iberdrola, del lado de las energéticas, o el BBVA, en la banca-. Por este motivo, si se quedan con el impuesto en el País Vasco, podrían generar exoneraciones en el caso de inversiones realizadas en su territorio.
Desde el PNV también han mostrado su oposición y, en línea con Junts, Andoni Ortuzar, aunque menos explícito, apuntó una posible oposición de sus diputados en el Congreso, lo que, sumado a los catalanes, deja muerto el proyecto de hacer permanentes ambos gravámenes. Por el otro lado, Sumar ha endurecido su oposición y ha sugerido la toma de control de Repsol, aunque de momento nada ha dicho de Cepsa. Por su parte, el PSOE, en la voz del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido mesura a Repsol.