El Gobierno mantiene conversaciones “avanzadas” para financiar la construcción en España de la primera planta de chips fotónicos (funcionan con luz, en vez de con electricidad), con la idea de que empiece a operar en una fase piloto y a producir de forma comercial en un plazo de unos tres años. En España no funcionan plantas de este tipo, aunque la investigación está "muy avanzada" y, en caso de cerrarse el acuerdo, supondría respaldar a una de las plantas más pioneras en Europa, afirma a EFE en una entrevista el comisionado del Perte Microchips, Jaime Martorell, cuando se cumple un año -el día 24- de la aprobación en el Consejo de Ministros del Perte de los Semiconductores.

Este Perte contempla una inversión pública hasta 2027 de 12.500 millones de euros, de los que 9.300 millones se prevén destinar a construir a "una o dos fábricas" de microchips (de los microelectrónicos, no los fotónicos), en un proceso "complejo", al que el Gobierno no renuncia y que sigue en marcha, apunta. Sin embargo, mientras prosiguen las conversiones con tecnológicas estadounidenses, la mayoría para instalar "una o dos" fábricas de microchips, el Gobierno ha abierto las negociaciones a otro campo, el de los chips fotónicos, que funcionan con luz y que, por ejemplo, son muy útiles para fabricar sensores en el sector de la automoción, con mucho empuje en Europa y también en España.

Menor inversión que para el chip convencional

Según ha explicado Martorell, la demanda de los chips fotónicos, con una mayor capacidad de cálculo que los tradicionales, está aumentando de forma exponencial, por encima de los microchips electrónicos. En España, la investigación de la fotónica está muy avanzada, y la idea del Gobierno es apoyar proyectos de este tipo que se estén desarrollando tanto por centros de investigación pública como por empresas privadas, explica. Este tipo de fábricas de chips fotónicos requieren una inversión de “cientos de millones” de euros, una cuantía inferior que la de los chips tradicionales, donde "solo una máquina puede costar entre 150 y 200 millones de dólares y en una fábrica hay varias", precisa.

De momento, el reto de lograr que una compañía tecnológica instale una fábrica de microchips (electrónicos) en España sigue en marcha y existen conversaciones con más de media docena de empresas. Los 9.300 millones de euros públicos reservados en el Perte para la fábrica podrían generar entre un "50 o 60%" de inversión adicional privada, calcula. Aunque reconoce que el hecho de que en EE.UU. se haya aprobado una ley de chips ha conllevado una disminución del número de candidatos susceptibles de instalar una planta de estas características en España, pero "sigue habiéndolos".

Mientras prosiguen los contactos con estas grandes tecnológicas, el Gobierno está pendiente de “proyectos muy interesantes y novedosos” que se están realizando en España en el ámbito de la fotónica, una tecnología que se adapta “mucho más a las industrias europeas, especialmente a la del automóvil”. Para este tipo de proyectos, se destinará financiación tanto para la parte de I+D, como para la de fabricación, avanza, sin querer detallar más al respecto. Martorell confirma que ya está decidido donde se ubicará la planta, aunque aún no se hará público.

Está convencido del potencial de los chips fotónicos, hasta el punto de que cree que alguna de las aplicaciones que se están solucionando con los semiconductores tradicionales, migrarán a los fotónicos y cuánticos. El Perte relativo a los microchips fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 24 de mayo, con el objetivo de reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en España.

El objetivo es favorecer la autonomía estratégica nacional y contribuir a la de Europa. La UE quiere alcanzar en 2030 el 20% de la producción mundial de chips. De momento, no han comenzado las licitaciones de este Perte, aunque de forma inminente se espera que salgan dos líneas de ayudas, una de 80 millones de euros, enfocada a formar talento en el diseño; y una segunda, de 60 millones, para proyectos de I+D.