Este jueves se cumplen cinco meses desde que el BBVA registró en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la opa sobre el Sabadell y el organismo que preside Cani Fernández empezó a estudiarla. El proceso aún se encuentra en la primera fase de análisis, un periodo en el que se estudian los posibles problemas de competencia que podría generar la operación y en el que se decide si no se aprueba, si se aprueba, si se aprueba con compromisos, o si tiene que pasar a fase dos.
La CNMC solo tiene un mes para analizar la operación en esta primera fase, pero el reloj se para cada vez que necesita información de uno u otro banco. Una vez que reúne toda la documentación y ha realizado en análisis técnico, da el siguiente paso, que es el que tiene que comunicar ahora. En concreto, el consejo de la CNMC tiene que decidir si es necesario la apertura de una segunda fase de análisis, que se puede alargar tres meses más. Todo apunta a que la decisión será a mediados de noviembre.
Cani Fernández advirtió desde el principio que BBVA tendría que asumir compromisos si absorbe Sabadell para garantizar la competencia, como en su día los asumieron CaixaBank y Bankia o Unicaja y Liberbank. El papel de la CNMC consiste en determinar si esta operación está justificada, y si la aprueba lo hará con compromisos para evitar el riesgo de monopolio en determinadas ciudades o zonas geográficas. Si bien, la concentración bancaria en España ya es muy elevada y los cuatro primeros bancos del país acaparan el 70% del mercado en cuentas y depósitos, pero se reducirían a tres si se produjera esta fusión.
Según el diario Expansión, el BBVA ya habría ofrecido a la CNMC sus propios remedies (compromisos o condiciones) para acelerar la opa y que se apruebe en la primera fase, aunque desde el banco prefieren no pronunciarse. Por su parte, Competencia recuerda que en el proceso de análisis en el que se encuentra la operación no se deben dar a conocer estos detalles. “La tramitación tiene carácter confidencial”, señalan.
Asimismo, la CNMC destaca que continúa trabajando en el análisis de los posibles problemas de competencia que podría generar la operación de concentración en determinados mercados. Y que en cuanto se adopte una decisión, incluida la posible apertura de una segunda fase de análisis, se comunicará.
La segunda fase, que como se ha comentado dura tres meses, termina también con la aprobación de la operación y compromisos, o con compromisos y condiciones. Si este fuera el caso y la CNMC aprueba la opa con compromisos y condiciones, se elevaría de oficio a una tercera fase donde sería el ministerio de Economía quien tuviera la última palabra.
Pero el BBVA ya ha advertido en el folleto enviado a la SEC (el regulador de la Bolsa de Nueva York) que si se condiciona la autorización de la opa al cumplimiento de alguna condición (y no le convence) podrá, pero no estará obligado, “retirar la oferta de canje” realizada a los accionistas del Sabadell. Por eso ha intentado mover ficha antes.
Sube la presión de empresas y sindicatos
La CNMC analiza la operación en un contexto marcado por la fuerte presión mediática, social y política que se ha generado en torno a la opa, sobre todo en Catalunya. Hay que recordar que el pasado mes de julio, el Consell General de Cambres de Catalunya, presidido por Josep Santacreu, envió una carta a Cani Fernádez expresando la "preocupación" ante la opa y donde advertía que si sale adelante "se puede perder o debilitar un acervo empresarial que es producto de una larga historia de servicio a las pequeñas y medianas empresas del país, en perjuicio principalmente de esas empresas, en toda España”.
Aunque son muchas las patronales y políticos que en los últimos meses han expresado públicamente su rechazo a la operación, incluido el ministro económico Carlos Cuerpo.
En agosto fue el turno de los sindicatos. Comisiones Obreras y UGT enviaron también una carta conjunta a la CNMC alertando al organismo de los riesgos de la opa del BBVA sobre el Sabadell en cuatro áreas: el empleo, la disponibilidad de crédito, la concentración bancaria y las implicaciones económicas que tendría para el país. En la misiva aseguraban que hay en riesgo más de 10.500 puestos de trabajo si sale adelante la fusión y pidieron que la frene.