La opa del BBVA al Sabadell ya ha cumplido ocho meses y sigue lejos de resolverse. Ahora, la atención está en la CNMC, que decidió en noviembre pasar la operación a una segunda fase de estudio para realizar un análisis más detallado sobre su impacto en la competencia bancaria. En el proceso, el organismo puede contar con la participación de terceros interesados con el fin de que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia adopte la resolución final. Algo que no se espera ya hasta bien entrado el 2025.

Con el inicio de la fase dos, la CNMC abrió un plazo para que los interesados y afectados con interés legítimo pudieran personarse y después presentar alegaciones, ya sea a favor o en contra. Pero ahora se ha conocido que Competencia ha rechazado todas las solicitudes (unas 79) y solo ha dado el visto bueno al Banc Sabadell, considerando que es el único que tiene un interés legítimo y puede aportar información relevante en el proceso.

Competencia ha dejado fuera a todas las asociaciones, patronales y sindicatos que han querido participar, denegándoles la solicitud como interesado en el expediente, pero las mismas advierten que se plantean recurrir. Ya lo han confirmado, de hecho, Foment, Pimec, la Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell y la Cambra de Comerc de Barcelona. Aunque se espera que sean más la que lo manifiesten públicamente en los próximos días.

Plazo de dos meses para recurrir

Las entidades tienen ahora un plazo legal de dos meses, como en cualquier procedimiento, para presentar recurso contencioso-administrativo ante la Dirección de Competencia de la CNMC. Las fuentes consultadas por ON Economía se muestran sorprendidas por la respuesta del organismo que preside Cani Fernández, no por dejarles fuera del proceso, sino por las escasas explicaciones.

“No ostenta un interés legítimo en la operación notificada”, se ha podido leer en estas notificaciones que Competencia ha enviado. O, “el solicitante invoca un interés privado”. Sin embargo, cuando una persona física o jurídica presenta una solicitud para personarse en el expediente, se ejercita un derecho y después, si se rechaza, se debe motivar. Por ello creen que “motivos para presentar recurso hay”. Aunque los estudiarán con los abogados y cuando adopten una decisión, la harán pública.

Si esto ocurre y la CNMC recibe un aluvión de recursos, podría alargarse aún más el proceso. La segunda fase dura tres meses, pero al igual que la primera (que dura una) los plazos se paran si Competencia requiere información a alguna de las partes o a terceros. Y los recursos también serían un motivo de retraso.

Según ARPA Abogados Consultores, la resolución de la CNMC en fase dos puede alargarse incluso medio año, lo que llevaría el fin de la opa a mayo, justo un año después de que el BBVA la lanzara. Hay precedentes, como el caso del expediente de las empresas catalanas Grimaldi/TFB, donde la entrada de la notificación se realizó el 16 de junio de 2022 y la Fase II no finalizó hasta el 26 de abril de 2023.

“No sería la primera vez que una operación económica se viene abajo por las largas esperas en el proceso de aprobación de una operación por parte de la CNMC o la Comisión Europea. De hecho, son numerosos los casos en que el envío a Fase II ha supuesto el desistimiento de las partes de continuar con la operación, como pueden ser los casos de JCDecaux o Algeco. En el caso de las OPAs, son hasta un tercio de las notificadas a la CNMC que llegan a Fase II las que decaen, ya sea por la pérdida de valor significativa del acuerdo durante ese tiempo o por las elevadas exigencias de información o condicionantes impuestos”.