La industria química con más de 3.000 empresas y unos 200.000 trabajadores es uno de los sectores económicos más importantes en España. Uno de sus polos de desarrollo se encuentra en la petroquímica de Tarragona, que representa el 25% de la producción de España y el 50% del total de Catalunya, con cerca de 10.000 trabajadores entre directos e indirectos. Todos ellos tienen una reivindicación común: la aprobación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para desarrollar su trabajo en un sector con unas condiciones de especial peligrosidad y toxicidad.

Este objetivo se ha interferido en la estrategia sindical de las organizaciones con representatividad a la química catalana y estatal, hasta el punto que un sindicato independiente nacido ahora hace 20 años al sí de las refinerías de Repsol, el Sindicato de Trabajadores (STR), ha ganado una cierta afiliación y número de delegados y miembros en los comités de empresa de las principales multinacionales establecidas en Tarragona.

El STR lleva un año trabajando con las administraciones locales para encontrar los apoyos necesarios para presentar una Propuesta No de Ley en el Parlamento español acogiéndose a la norma (Real Decreto 40/2007) que regula la rebaja o anticipación de la edad ordinaria de jubilación en aquellos grupos o actividades profesionales, los trabajos de los cuales sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o tóxica. La formación ha conseguido que los ayuntamientos de El Morell, Botarell y La Canonja hayan aprobado mociones para pedir la mejora de las condiciones laborales y del acceso a la jubilación.

Según su secretario de comunicación, Jordi Margalef, este propósito ha sido una de las razones por las cuales han ganado 5.500 afiliados a la industria química y de la refinación a todo el Estado español; y 2.000 de ellos trabajan en las empresas de la petroquímica de Tarragona. Tienen presencia en una veintena de empresas de la comarca del Campo de Tarragona y el sindicato forma parte de los comités de BASF, DuPont, ASESA, Repsol Petróleo, Repsol Química, Covestro, Sekisui, LyondellBasell o Elix Polymers, entre otros. El resto de afiliadas y afiliados se reparten por las zonas industriales de España, especialmente en los alrededores de Huelva y Cádiz con Cepsa; en Cartagena, Puertollano y La Corunya con los complejos industriales de Repsol; y en Castellón con BP. En Madrid, hay un número importante de afiliados a las oficinas centrales de estas empresas. El STR también tiene afiliados a la industria auxiliar, como las estaciones de servicio. En total, tiene 300 representantes entre delegados y miembros de comités de empresa en España.

También están haciendo suya esta batalla los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT. En la comarca del Tarragonès, en las elecciones sindicales de 2021, CCOO obtuvo 1.033 representantes sindicales y la UGT unos 930; también tienen representación USO (con 96) y CGT (101). En su caso, CCOO y UGT han presentado una moción con los mismos términos al Ayuntamiento de Tarragona, en la cual también se insta en el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Tarragona a llevar a cabo los estudios necesarios para analizar las condiciones de especial peligrosidad para todos los trabajadores del sector químico. En España, ya disfrutan del derecho del coeficiente reductor grupos profesionales como los mineros, policías locales y bomberos, para citar algunos.

El STR inició su campaña de sensibilización y concienciació a finales de 2021 y la reforzó con una encuesta realizada por la Universidad de Zaragoza que confirma la amplia aceptación que entre los trabajadores de la química tiene la jubilación anticipada. La gran mayoría de los encuestados creen que con el envejecimiento y el deterioro físico los riesgos para los trabajadores se incrementan considerablemente en el ejercicio de su trabajo. El propósito es que en otoño de 2023 se presente un informe más detallado y también independiente sobre los argumentos sanitarios y legales en que se fundamenta la campaña del STR. La campaña sigue en fase de captación de adhesiones y concienciación social con el objetivo de elevar el debate al Congreso de los Diputados, a lo largo de este año.