El proyecto de la Cambra de Comerç de Barcelona para edificar una nueva sede institucional en el 22@ sigue empantanado. La alcaldesa Ada Colau agotará el presente mandato al Ayuntamiento de Barcelona sin que el último pleno del consistorio, celebrado este viernes, haya formalizado con la institución cameral un convenio -que incluye un contrato de alquiler de 13 de las 21 plantas que tendrá el inmueble- que dé luz verde definitiva al proyecto. Esta formalización es el punto de partida necesario para que la Cambra de Comerç abra la licitación para la construcción del inmueble, con una inversión prevista de entre 50 y 54 millones de euros, que tendrá una superficie de 20.500 m2, y que está ubicado en el distrito económico del 22@, en concreto en el número 59 de la avenida Diagonal, a la isla delimitada por las calles Subidas, Fluvià, Selva de Mar y la avenida Diagonal. El mes de junio ha previsto un pleno de despido en el cual no se contempla ningún tema administrativo.
Para hacer viable la inversión, la Cambra ha pactado que el Ayuntamiento será su principal inquilino, durante 35 años. Para el Ayuntamiento, eso tendría un coste de 13,8 euros el metro cuadrado, es decir, unos 4,4 millones de euros anuales si el acuerdo firmado en el 2019 no se somete a revisión, ya que estamos hablando de precios indexados en el IPC. Una vez finalizado el plazo de explotación de 35 años, el edificio revertirá a la institución que preside Mònica Roca.
Con esta operación, la Cambra se compromete a pagar un importe anual del orden de 5,5 M de euros al adjudicatario del proyecto, que incluye el arrendamiento global y mantenimiento del inmueble. A cambio, el adjudicatario asume el riesgo y financiación de la operación. De momento, la institución cameral ha tenido que asumir desde 2019, un canon por cesión de uso del solar que, a tenor de poco más de 26.000 euros en el mes, se eleva ya a unos 2 millones de euros.
El trámite municipal es condición sine qua non para poner fin a un largo proceso que ha retrasado el proyecto de la Cambra, durante años. Estamos hablando de que, en el bien entendido que la nueva sede cameral se pones en marcha en el 2025, habrán transcurrido veinte años desde que la idea se pactara en el 2005 entre los entonces presidente de la institución, Miquel Valls, y el alcalde de la ciudad, Joan Clos. Es significativo, al mismo tiempo, que no haya visto luz verde en el último pleno municipal antes de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo próximo, porque el contrato de arrendamiento lo ratificó el consistorio en mayo de 2019, entre Miquel Valls y la teniente de alcalde Janet Sanz, y que después suscribió el nuevo equipo de gobierno de la Cambra de Comerç, con Joan Canadell y Mònica Roca, al frente. En aquella fecha, se dio por hecho que el ayuntamiento ubicará en el 22@ oficinas destinadas a varias áreas administrativas -ecología, urbanismo, infraestructuras y movilidad- y a archivo municipal, donde trasladará a un millar de personas ahora instaladas en otros espacios repartidos por la ciudad. Mientras que, la Cambra considera que trasladar la sede al Poblenou, una de las áreas más dinámicas de la ciudad, que concentra empresas innovadoras y centros científicos y tecnológicos de referencia, puede contribuir a su posicionamiento local e internacional.
Preguntada al respecto, la Cambra de Comerç de Barcelona no se ha querido pronunciar pero fuentes próximas a la institución y conocedoras del proceso consideran "muy extraño" que el pleno no haya tratado el proyecto porque "ambas instituciones llevan mucho tiempo cerrando los flequillos y redactando el acuerdo". Las mismas fuentes no ven "sospecha" por parte del Ayuntamiento, pero alertan del "momento electoral".
Reticencias vecinales al nuevo edificio 22@ de la Cambra
De hecho, la construcción del edificio no está exenta de polémica vecinal. La Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (Favb) ha denunciado que un solar, calificado de equipamientos comunitarios y de proximidad de nueva creación, se destinará a oficinas, cuando hay muchas demandas del barrio "sin resolver". Entre estas, la histórica reclamación de disponer de un casal para las personas mayores o, cuando menos, responder a las necesidades "abriendo un proceso participativo". En definitiva, "una privatización de facto de suelo público", explican fuentes de la entidad a ON ECONOMIA, porque el consistorio cederá el uso del solar durante 85 años, e incluye el derecho a compra que ante el retraso que acumula el proyecto se ha alargado hasta el 2030, según la Favb. Además, consideran que "la altura de 21 plantas es excesiva", en un barrio ya muy tensionado para las nuevas edificaciones.
Por otra parte, insiste en el coste que tiene para el consistorio destinar dinero al alquiler con la paradoja que se invierte en unos espacios levantados sobre suelo público y que la administración hace "una lectura perversa" de lo que se entiende como "calificación de equipamiento". En este sentido, la Favb ha solicitado información en el distrito municipal, sin obtener ninguna respuesta hasta ahora.
Mientras que inicialmente se preveía que el edificio extendido terminado para el 2022, ahora ya se está comentando que no será antes de 2026 cuando se pueda ocupar, ya que una vez adjudicado el contrato se prevé un periodo de 30 meses para dejarlo terminado. Y eso siempre y cuando se agilice la licitación y se mantenga el diseño de arquitectura que diseñó, en el 2019, el despacho TACO Arquitectes, después de ser escogido en un concurso internacional que abrió la Cambra aquel año. Fuentes del despacho consultadas por este medio han declinado pronunciarse sobre la situación y la posible ejecución del proyecto.