Más de 2,5 millones de voces, entre pymes y autónomos, agrupadas en la confederación Conpymes no cesan en el empeño que las une: ser parte del diálogo social en España. Su razón de ser es que no se consideran representadas por Cepyme, que tiene el aval de Gobierno y sindicatos para estar en todas las mesas de negociación. “A Cepyme no se le conoce un posicionamiento diferente al de la CEOE en sus 45 años de historia”, apunta José Maria Torres, presidente de Conpymes. Advierte que, a corto plazo, “esto no cambiará; ya hemos visto lo que ha pasado en las últimas elecciones de la CEOE, no ha habido renovación”.

El presidente de Conpymes, empresario y fundador del grupo tecnológico Numintec, es consciente de que la tarea será ardua. “En Catalunya el proceso para que se atribuyese representatividad a la patronal PIMEC, en detrimento de Foment del Treball, nos llevó ocho procesos judiciales y 12 años de espera”, pero finalmente se llegó a un acuerdo de que estarían ambas organizaciones al 50% en todos los organismos e instituciones vinculadas al diálogo social.

Aunque tampoco ve “muy lógico” un 50-50, porque pymes y autónomos suponen el 99,8% del tejido industrial y de servicios en España, generan el 75% del empleo privado y aportan el 19% del Producto Interior Bruto (PIB). Mientras que compañías con más de 200 trabajadores son unas 14.000 en toda España. El grueso hasta los 3,3 millones de empresas registradas en 2021 son pymes y autónomos.

Lo mismo ocurre con los autónomos, ya que mientras ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos) está desde 2019 agrupada con la CEOE, la organización UATAE (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autonomos y Emprendedores), que forma parte de Conpymes, tiene una representación superior en el conjunto de España.

"No saben como contarnos"

José María Torres asegura que Conpymes disfruta del beneplácito del Gobierno, aunque de momento se escuda en la falta de normas e instrumentos legales para otorgarles esa representatividad; “no saben cómo contarnos”, sonríe y recuerda que esa misma disculpa estuvo en boca de la Generalitat durante años. De ahí que Conpymes haya tenido que acudir a la Audiencia Nacional para exponer sus demandas y “hemos elevado la reivindicación a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y haremos lo mismo ante los órganos competentes de la Unión Europea”. José María Torres recuerda que en Europa entre los interlocutores sociales intersectoriales se encuentran Business Europe, para la gran empresa, y UEAPME, European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, para la pequeña y medida. “En España no puede persistir esta anomalía; el diálogo social es una parte importante del Estado de Derecho y debemos democratizarlo”, subraya y apunta a que, tal vez, “también deberían haber más sindicatos sentados en las mesas de negociación”, no sin antes admitir que su demanda es bien vista desde CCOO y UGT.

Conpymes agrupa a más de 30 organizaciones españolas que respaldaron su constitución como plataforma para reivindicar su peso económico y de generación de empleo. Hasta ahora, “hemos visto pasar la reforma laboral, acuerdos en pensiones y Seguridad Social y pactos para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta normas como la Ley Rider, la Ley de Start-ups… sin ser parte ni arte aunque nos afectan directamente”, advierte. También apunta al debate actual para la futura Ley del Empleo, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, y que abordará la reforma de las prestaciones y subsidios de desempleo.

En todos estos ámbitos Conpymes tiene mucho que decir, pero también “en otros muchos aspectos”, como el acceso de la pequeña y mediana empresa a la contratación pública, el derecho a la segunda oportunidad o el cumplimiento de los plazos de pago. Respecto a esto último, José María Torres evidencia que la Ley de Morosidad sigue sin tener un reglamento sancionador por la presión de los lobbies de la gran empresa “que tienen una posición de dominio del mercado”, como lo demuestra el hecho de que su debate para aprobación en el Congreso lleva acumuladas 72 prórrogas. “Están bloqueando desde hace años el que haya un régimen sancionador contra la morosidad para que las grandes empresas cumplan la ley y no sigan financiándose a costa de las pymes. La morosidad es la mayor lacra que afecta a su viabilidad y competitividad”.

Entre sus reclamaciones más recientes consta la falta de medidas para promover la actividad económica y empresarial que recogen los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 2023. 166 millones de euros adicionales. “Absolutamente insuficientes”, más si se tiene en cuenta que la presión fiscal en las pymes es del 25%, frente al 2% que soporta la gran empresa, concluye José María Torres.