Cinco años después del estallido de la pandemia por la Covid-19, algunos trabajadores autónomos todavía sufren las secuelas de aquel episodio que trastocó la vida personal y los negocios. Los trabajadores por cuenta propia que vieron amenazada la supervivencia de su negocio acudieron a las ayudas directas que el Gobierno otorgó para compensar el cierre de las actividades que no se consideraron esenciales. En total se concedieron ayudas a 1,48 millones de profesionales por valor de 3.741 millones a todo el estado español.
Ahora, cinco años después, en Catalunya, un 10% de los autónomos que recurrieron a las ayudas han tenido que devolverlos porque no los han podido justificar o no cumplían los requisitos. El porcentaje equivale a una cifra de unos 70.000 trabajadores por cuenta propia, según una estimación de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC).
En declaraciones en la agencia de noticias ACN, según cálculos de la Confederación de Trabajadores Autónomos de Catalunya (CTAC), por término medio se han reclamado 3.000 euros por autónomo, hecho que ha supuesto un problema para la tesorería de los trabajadores por cuenta propia porque las transferencias se tenían que hacer "de un día por el otro", ha dicho Dani Garcia Tenorio, presidente de CTAC. Ante la avalancha de quejas recibidas, las entidades en representación de los autónomos pactaron con el Gobierno para que el retorno se pudiera hacer con cuotas mínimas de 100 euros de hasta 60 mensualidades sin intereses.
No obstante, algunos de los afectados denuncian que no tuvieron tiempo de recurrir la decisión porque la comunicación la recibieron por correo electrónico y cuando se dieron cuenta de ello ya había pasado el plazo. La situación ha afectado especialmente colectivos como los instaladores, a quien se los ha reclamado entre 4.000 y 6.000 euros por término medio -varía en función de la facturación-, con comunicaciones recibidas con "cuentagotas".
Los instaladores, los más afectados
El gremio que los agrupa ha recibido "muchas quejas". Los instaladores denuncian que la normativa era difícil de interpretar por un sector como el suyo que en el cual había trabajadores que se consideraron esenciales y otros que no. Además, los representantes de los instaladores lamentan que los requisitos de las bases se cambiaran varias veces y aseguran que ha sido "difícil" justificar los pagos. "Era muy compleja la demostración", defiende el presidente de la Asociación Profesional de Empresarios Instaladores, Ramon Casas, en la ACN.
Los instaladores son uno de los colectivos que busca movilizar el máximo de denuncias posibles para elevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En concreto, se están planteando acudir conjuntamente con varias plataformas de autónomos a la vía judicial y plantear una demanda para que se aplique la doctrina Cakarevic. La doctrina establece que si el ciudadano ha actuado de buena fe no se le puede exigir un reembolso de prestaciones recibidas indebidamente cuando el error se tiene que imputar a las autoridades y supondría una carga para el beneficiario.
"Confiamos en los tribunales, que siguiendo la doctrina podamos demostrar que ha sido el gobierno el que no ha ayudado a los autónomos," ha dicho Casas. Con todo, son conscientes de que el proceso se podría alargar hasta dos años y que "no será fácil", ya que de entrada también los está costando cuantificar cuántos afectados hay en su sector. "De momento, lo que queda claro es que la gente tendrá que pagar, si no tendrá una deuda con la Seguridad Social", ha afirmado.
Un desbarajuste
Los requisitos iniciales eran estar dados de alta a la Seguridad, al corriente de pago o formar parte de una actividad que no podía abrir a causa de las limitaciones sanitarias. En un informe emitido a finales del 2023, el Tribunal de Cuentas aseguró que la medida tomada por el ejecutivo estatal fue "eficaz" pero "ineficiente" por las incidencias e incumplimientos detectados.
Después de la publicación de este informe, las mutuas aceleraron el proceso de revisión con miles de autónomos recibiendo cartas y correos. Todavía hay algunos trabajadores afectados que están recibiendo los avisos. El plazo de revisión de las ayudas establecido a la normativa era de cuatro años.
Por otra parte, muchos autónomos no fueron conscientes de que se les había enviado una comunicación pidiendo justificar las ayudas y se han encontrado con que no han podido hacer nada. "Nos hemos encontrado muchas consultas que nos han pasado información y ya estaba fuera de plazo y ya no podíamos hacer ninguna acción que les pudiera salir a cuenta en lugar de devolver el dinero", ha dicho Dani Garcia Tenorio, presidente de CTAC.