Delivery Hero, la plataforma alemana propietaria de Glovo, ha advertido de que podría enfrentarse en última instancia a una multa de la Comisión Europea que podría superar los 400 millones de euros por presuntas prácticas anticompetitivas. Las acciones de Delivery Hero, que llegaban a caer hasta un 17,4% en la apertura de sesión, lograban enjugar gran parte del retroceso y antes de cumplirse las dos horas de negociación limitaban su caída al 4,95%.
En un comunicado, la empresa alemana ha indicado que la potencial sanción correspondería a un presunto acuerdo anticompetitivo para compartir mercados nacionales y al intercambio de información comercialmente sensible. Por lo tanto, el consejo de administración de Delivery Hero ha decidido aumentar significativamente una provisión correspondiente ya constituida por un importe de 186 millones de euros tras las inspecciones por sorpresa realizadas por la Comisión Europea en julio de 2022 y noviembre de 2023. "La intención de aumentar la provisión se basa en un reciente compromiso informal con la Comisión Europea y un análisis detallado posterior", ha indicado la empresa, que ha expresado su intención de cooperar plenamente con Bruselas.
Glovo, en el punto de mira de la Fiscalía
Esta noticia llega pocos días después de que un juzgado de Barcelona abriera una investigación a Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra el fundador y CEO del negocio, Óscar Pierre. En su denuncia, el ministerio público asegura que la empresa "menoscaba y suprime" los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos de los riders, por lo que pide que se cite a declarar a Pierre como investigado. La denuncia ha dado pie a la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona.
"Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social, estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales", explicó el ministerio público. Al respecto, indicó que esa reducción de costes se produce "al no garantizar un salario profesional conforme a la jornada de trabajo realizada, y al poder dejar de ingresar a la Seguridad Social las cantidades correspondientes a las cotizaciones laborales de tales personas".
En este sentido, recordó en su escrito que el Tribunal Supremo, así como otros tribunales, reconocieron la naturaleza laboral entre Glovo y sus trabajadores, al igual que una veintena de juzgados que determinaron esa relación, en su mayoría en procesos de despido. "A pesar de todo lo anterior, Glovo continúa manteniendo la misma relación de trabajo con sus trabajadores, incluso en fecha posterior a 12/01/2023, quienes se siguen viendo obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa", afirmó la Fiscalía.