La justicia británica sentenció el 11 de julio el embargo de parte de las acciones de AENA en el aeropuerto de Luton, en Londres, como represalia por el impago del Gobierno español a los fondos y empresas afectados por la retirada de primas a las renovables del Gobierno de Mariano Rajoy, aunque la empresa pública asegura no haber sido notificada. Se trata de unas medidas económicas para compensar a las empresas que habían pactado unas primas que después el Gobierno de Rajoy canceló, afectando a sus contratos, y que llevan al Estado a acumular una deuda de 1.560 millones con estas empresas que el Gobierno no está asumiendo. En 2017, la corte internacional del Banco Mundial, el Ciadi, falló en favor de las empresas y desde entonces han sido varios los embargos. 

AENA, que posee un 51% del aeropuerto y a quien le han embargado el 26% del usufructo de la instalación, emitió un comunicado en la noche del viernes asegurando que no ha sido notificada de las medidas cautelares, dado que no es parte en el proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral, en este caso de la energética NextEra contra el Reino de España. 

Aena, que es propietaria del 51 % del aeropuerto de Luton, comunicó el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que los representantes del Reino de España en el proceso judicial le habían comunicado que los abogados de los demandantes informaron de que se había dictado el pasado 11 de julio, sin audiencia del Reino de España y sin participación de Aena, una decisión judicial por la que se ha acordado una medida provisional.

Aena ha apuntado que llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de Aena, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda.

El proceso al que se refiere Aena es el CL-2023-000259 sustanciado en el Reino Unido para el reconocimiento y ejecución del laudo dictado en el proceso arbitral ARB/14/11 de CIADI seguido por NextEra Energy Global Holdings B.V. & NextEra Energy Spain Holdings B.V. contra el Reino de España.

Según el mismo comunicado, las medidas provisionales acordadas ("interim charging orders") sobre el "beneficial interest" que los abogados de los demandantes atribuyen al Reino de España sobre el 26,01 % en las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales y en relación con los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el Aeropuerto de Londres Luton.

No es la primera vez que la batalla judicial de las energéticas afectadas contra el Gobierno de España, que mantiene silencio respecto a este conflicto, salpica a bienes de Aena  ni tampoco la primera vez que son embargados bienes españoles en Reino Unido. 

La última de las resoluciones judiciales llevó a la justicia belga a intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire, empresa que gestiona el tráfico aéreo en España y que es accionista mayoritario de Aena. Estos pagos, transferidos mensualmente por Eurocontrol a la empresa pública Enaire, servirán para pagar la indemnización a Blasket Renewable Investments, una de las 26 afectadas por los impagos, que consiguió que los tribunales de su país le den la razón en una reclamación por un importe de 32 millones de euros. El año pasado, los pagos de Eurocontrol a la española Enaire ascendieron a 582 millones de euros.

El antecedente más cercano en Reino Unido, de verano del año pasado, llevó al Tribubal Superior británico a autorizar el embargo preventivo de la sede del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado situado en Londres. En concreto, por el laudo que afecta al fondo de inversión Antin, que obliga al Estado a pagarle 120 millones de euros en concepto de indemnización. La sede londinense del Instituto Cervantes también fue embargada para dar cuenta del pago de la indemnización a Prestige. 

En Estados Unidos, la justicia estudia si procede con medidas similares, mientras que la corte suprema australiana también dio la razón a los creditores y abrió la puerta con una sentencia a futuros embargos similares. Las empresas afectadas insisten en pedir al ministerio de Transición Energética, liderado por Teresa Ribera, una salida negociada al conflicto.