El Instituto de la Empresa Familiar, que representa a grandes empresas familiares españolas como Mercadona, Acciona, Mango, Puig u Osborne (un 40% de ellas catalanas), ha asegurado en un comunicado que aunque el pacto de investidura de Pedro Sánchez "goza del beneficio de su legitimidad democrática", le generan "honda preocupación" las reacciones que ha suscitado entre asociaciones de jueces, fiscales y el Consejo General del Poder Judicial, entre otros. Para los empresarios, que se suman así a las críticas de CEOE, "la ruptura de los amplios consensos que se forjaron en torno a la Constitución de 1978 podría alejarnos del mejor periodo de nuestra empresa reciente".
El comunicado evita mencionar la ley de amnistía y no relaciona directamente los pactos de gobierno con esta amenaza a la Constitución, pero da a entender en todo momento que las negociaciones suponen una mayor inestabilidad para España, tanto en términos sociales como económicos. "Esta ausencia de reformas se traduce ya en una sostenida pérdida de competitividad de nuestro país que se refleja en el deterioro de nuestra tasa de convergencia con las demás economías europeas", apunta con relación a la falta de consensos.
"Queremos hacer un llamamiento a las fuerzas políticas democráticas para que impere la responsabilidad, la moderación y el firme respeto a los pilares fundamentales, que han posibilitado que España sea la sociedad libre, dinámica y moderna de la que hoy disfrutamos", reza el comunicado.
Otras entidades empresariales se han expresado en sentido crítico con los pactos de Pedro Sánchez para formar gobierno. La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) ha destacado por su parte que se trata de "una vulneración del estado de Derecho y de la legalidad constitucional", según relata su consejo rector en un comunicado publicado este martes.
En la misma línea se pronuncia la Asociación de Consultores Inmobiliarios (ACI) -en la que se incluyen BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman&Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills-, que ha puntualizado que podría desembocar en "una pérdida de la confianza de los inversores", ya que las medidas anunciadas "afectarán la percepción de estabilidad y transparencia", claves para la atracción de capital, bajo sus palabras.
Por su parte, la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje), también en contra de los pactos, enumera que estos pueden generar "la distorsión de la unidad de mercado y deteriorar la imagen de España en el exterior", a lo que añaden que el acuerdo "menosprecia el diálogo social y debilita la paz social y convivencia".
La postura contrasta con el beneplácito de Pimec, la patronal de pequeñas y medianas empresas catalana, que se ha mostrado favorable "a los acuerdos que permitan solucionar los problemas de la política".