Las empresas afectadas por la DANA podrán presentar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo si la actividad ha quedado paralizada o para reducir la jornada de los trabajadores, según recoge el Ministerio de Trabajo, a través de su cuenta de Telegram. La reducción de jornada vinculada a estos expedientes de fuerza mayor puede ser entre un 1% y un 70%. Además, las empresas pueden acogerse de manera voluntaria y disfrutar de exenciones a las cotizaciones a la Seguridad Social de hasta el 90%.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha señalado este miércoles que el Gobierno está analizando y valorando la situación en las zonas afectadas por la DANA para dar todo el apoyo necesario a los afectados, también en las empresas. En declaraciones a los medios después de presentar un informe de la OCDE sobre el papel de los ERTE a la pandemia, Saiz ha evitado detallar qué tipo de medidas se podrían adoptar y ha insistido en que lo importante ahora es "evaluar y acompañar". "Haremos todo lo que haga falta", ha señalado preguntada por la posibilidad de que se habiliten ayudas directas para las empresas, líneas de crédito o que se tengan que activar ERTE.
Cuando se presenta un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, los empleados podrán cobrar la prestación de desempleo sin necesidad de cumplir el tiempo mínimo cotizado. Además, el periodo que los empleados tengan el contrato suspendido no computará a la hora de calcular una futura prestación de desempleo.
Recogido a la reforma laboral del 2022
La reforma laboral pactada en el 2022 revisó la regulación temporal de empleo y adoptó el modelo seguido durando la pandemia, cuando el Gobierno aprobó restricciones que obligaron a detener la actividad. Así lo ha recordado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de la red X. Díaz ha dicho que "la reforma laboral incorporó los ERTE de fuerza mayor para abordar situaciones dramáticas como la que vivimos". De la misma manera, Díaz ha recordado que si las empresas solicitan esta herramienta de protección de empleo, los trabajadores estarán protegidos "sin consumir prestaciones y si hay que haber cotizado".