Las empresas extranjeras que abandonen su actividad industrial en España y hayan recibido ayudas públicas por esta inversión, deberán devolverlas. Esta es una de las medidas más destacadas del proyecto de Ley de Industria aprobado este martes por el Consejo de Ministros. PSOE y Sumar han acordado incorporar en la ley esta medida, que no figuraba en el anteproyecto presentado por el Ministerio de Industria en el pasado mes de junio. Esta norma es, según el ejecutivo español, un “cambio de paradigma” tras 32 años, ya que la legislación sectorial vigente se aprobó en el año 1992.
En este sentido, el ministro de Industria, Jordi Hereu, ha destacado que la norma "no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial. Aportará modernización, certidumbre y eficiencia". "Tenemos un gran objetivo que es la reindustrialización. Esta ley tiene vocación al servicio del país y buscaremos el máximo consenso con los grupos políticos. España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización”, ha señalado el ministro.
Según la norma, la obligación de devolver las ayudas públicas será “un elemento de política activa para proteger y no facilitar la deslocalización”, que se aplicará solo “una vez agotadas todas las líneas de diálogo” con las empresas para que sigan en España. Así, cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en España tendrá que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno. En el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrán que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla.
Entre tres y cinco años
En concreto, las empresas que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros, tendrán que devolverlas si ponen fin a su actividad antes del periodo establecido en la ley tras su concesión. Serán cinco años en el caso de grandes empresas, tres años en el caso de las medianas empresas y dos años en el caso de las pequeñas empresas. Con estas medidas, el Ejecutivo pretende asegurar las inversiones realizadas en España. Cuando una compañía foránea comunique su marcha de España, se creará una "mesa de reindustrialización" que estudiará alternativas para convencer a la empresa de que desista de su decisión o para estudiar alternativas que garanticen la actividad económica y el empleo en la ciudad afectada por el cierre.
Otra de las principales novedades de la ley ya anunciadas es la creación de la Reserva Estratégica de Capacidades Nacionales de Producción Industrial (Recapi). El objetivo de este fondo es “tener bien radiografiadas las necesidades de bienes de primera necesidad para casos de crisis” como fue la pandemia, en alianza con empresas que tendrán una “certificación para la autonomía estratégica” y que podrían beneficiarse de incentivos fiscales o líneas de acceso preferente a ayudas.
Para ello, se constituirá el Centro de Coordinación y Promoción de la Industria Estratégica (Cecopie), órgano colegiado bajo la dependencia funcional del Consejo de Seguridad Nacional e integrado orgánicamente en el Ministerio de Industria y Turismo, que será el órgano encargado de la gestión ordinaria de la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial. Se trata de un fondo de productos y capacidades estratégicas susceptibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis. Esta hoja de ruta demuestra la necesidad de generar una nueva autonomía estratégica a nivel europeo, evitando procesos de deslocalización y desindustrialización a fin de reducir las dependencias de grandes centros productivos a nivel mundial y evitar posibles crisis de abastecimiento como la sufrida durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19 con el material médico.
La ley dará carácter estructural a los Perte (Proyectos Estratégicos) puestos en marcha con la pandemia, y su ámbito se irá decidiendo en función de los temas económicos de actualidad en cada momento. La norma determina que podrán reconocerse nuevos Perte más allá de la de la vigencia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, con el fin de promover la ejecución de proyectos tractores basados en la colaboración público-privada que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de la economía española". Los proyectos considerados como Perte "tendrán que estar enmarcados en al menos un ecosistema industrial identificado como estratégico en la Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica vigente", indica el texto.
El anteproyecto incluye la puesta en marcha de una ‘Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica’, que se revisará cada seis años (la primera se extenderá hasta 2030). Esa estrategia se plasmará en planes estatales de industria de duración trienal. La ley también creará el Consejo Estatal de Política Industrial para reforzar la coordinación entre industria y otros ministerios como Energía.
La gran empresa pide 2.500 millones
Tras la aprobación del proyecto ley, la Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha considerado que el nuevo marco legislativo que plantea el proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica "aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencia", al no definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere el país y la incorporación de un fondo de financiación para impulsar la competitividad industrial, que estima que debería ascender a unos 2.500 millones anuales.
En un comunicado, la Alianza, constituida por Anfac (automoción), AOP (refino), Aspapel (papel), Feique (química y farmacia), FIAB (alimentación y bebidas), Oficemen (cemento), Primigea (materias primas minerales), Sernauto (componentes de automoción) y Unesid (siderurgia), señaló que la articulación de recursos financieros debe "sentar las bases para trabajar enmiendas específicas durante la tramitación parlamentaria".
Además, también estimó "fundamental" que las enmiendas al texto cuenten con el máximo consenso posible por parte de las distintas formaciones políticas del arco parlamentario. "Es la única fórmula para lograr el objetivo común de reindustrializar nuestra economía", dijo Carlos Reinoso, portavoz de la Alianza por la Competitividad de la Industria Española.
Para la Alianza, el propósito y la disposición que muestra el Gobierno de atraer y establecer grandes proyectos industriales en España son positivos, "no obstante, sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, corremos el riesgo de que se quede en meras intenciones", puntualizó.