El expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 898 trabajadores de Vodafone España se cerrará con 667 salidas voluntarias (119 de ellas corresponden a prejubilaciones) y 231 forzosas (25,72% de la afectación del ERE), según ha transmitido a los sindicatos el fondo británico Zegona, que controla la teleco desde el 1 de junio.
En cuanto a las unidades de negocio afectadas, 287 salidas se producirán en Tecnología y Operaciones (sobre un total de 1.295 personas en el departamento), 173 en Desarrollo y Fidelización de Empresas (sobre 887 efectivos en el área), 133 del área de Consumer Business (sobre 678 trabajadores) y 54 en finanzas (que cuenta con 241 empleados).
Asimismo, del área de Asuntos Legales saldrán nueve personas (sobre un total de 63), cinco corresponden al departamento de Recursos Humanos (sobre 53), cuatro al negocio mayorista (sobre 27) y dos de Corporativo (sobre 15, un 13,33%).
En ese sentido, Vodafone España se reservó la posibilidad de vetar determinadas salidas. "El posible veto se cerrará el 24 de julio. El 25 de julio se cerrarán las salidas forzosas, que serán un mínimo de 231 personas (un 25,72% de la afectación). El 29 de julio se harán las comunicaciones de las salidas", han indicado fuentes sindicales a Europa Press.
Condiciones del ERE
La compañía y la representación de los trabajadores (UGT, CCOO y STC) finalizaron la semana pasada las negociaciones del ERE, que contempla una indemnización de entre 45 y 33 días de salario por año trabajado con un límite de 24 mensualidades para el personal afectado.
Esto supone equiparar la oferta de indemnización a la de un despido improcedente, frente a la primera propuesta trasladada por la compañía, que se situaba en torno a los mínimos legales establecidos con 24 días de salario por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades.
En la última reunión de la mesa de negociación del despido colectivo también se incluyó una prima de 3.500 euros para los trabajadores afectados que tuviesen un salario inferior a 40.000 euros anuales entre la parte fija y variable. Este bono no contabilizará para el límite de 24 mensualidades establecido en la indemnización.
La oferta final también establece un sistema de prejubilaciones para aquellas personas nacidas en 1967 con 10 años de antigüedad, "una salida que Zegona nunca deseó como consecuencia de su alto coste diferido", valoró UGT en un comunicado.
"Las prejubilaciones se elevan hasta unas rentas iguales al 80% del salario regulador neto y afectarán a un colectivo mayor que en anteriores ERE. El salario regulador se calcula con el 100% del salario fijo bruto más el 50% del salario variable", añadió el sindicato. Sobre ello, se descontará el pago del convenio especial de la Seguridad Social y las rentas hasta los 63 años para personas de 57 y 58 años, hasta los 64 años para personas de 59 y 60 años y hasta los 65 años para 61 años y mayores.
La última propuesta también contempla un incremento del 1% de la renta y de un 2% para el convenio especial de la Seguridad Social (un 3,2% para quien haya estado tres meses en bases máximas).
A ello se suma una protección frente al despido a las personas mayores de 55 años y que Zegona se ha comprometido a no efectuar ningun otro despido colectivo hasta el 31 de diciembre de 2025. Otros aspectos recogidos en la propuesta definitiva es la no afectación del ERE a los dos miembros de una pareja (matrimonio o pareja de hecho comunicada a la empresa); a personas con una discapacidad reconocida de un 65% o más o con familiares a cargo con una discapacidad reconocida de un 65% o más.
Tampoco a mujeres embarazadas que lo hubiesen comunicado a la empresa antes del pasado 13 de mayo, a personas con permiso por maternidad o paternidad y lactancia generados antes de esa fecha o a víctimas de violencia de género antes del ERE, entre otros aspectos.
Otros elementos que figuran en la propuesta final es un plan de recolocación con una duración de nueve meses y un seguro de salud de tres meses desde la salida de la plantilla afectada por el despido colectivo.
Quinto ERE en una década
Cabe recordar que este nuevo ERE en Vodafone es el quinto que afecta a la compañía en España desde 2013, unos despidos colectivos que, sin tener en cuenta el proceso actual, han supuesto la salida de la empresa de alrededor de 3.200 empleados.
En concreto, en 2013 la empresa ejecutó un ERE que afectó a 620 trabajadores, mientras que en 2015 hubo otro que supuso el despido de 1.059 personas. A ese le siguió otro en 2019 en el que salieron 1.102 empleados, mientras que en 2021 la plantilla se redujo en 442 efectivos.