La posible vuelta del Estado al capital de Telefónica para reafirmar la españolidad de la compañía ante el desembarco de Saudi Telecom (STC) pone sobre la mesa una nueva tendencia de nacionalización empresarial, abandonada en la década de los ochenta y noventa con la fiebre de las privatizaciones. La pandemia del coronavirus ha tenido mucho que ver en esta nueva realidad cuando las cotizaciones en bolsa de las llamadas “compañías estratégicas” se desplomaban y los gobiernos europeos imponían vetos a la entrada de capitales extranjeros en busca de gangas.
En 2020 numerosos estados europeos salieron en defensa de sus empresas estratégicas con casos como el de la aerolínea Lufthansa en la que el Estado alemán tomó una participación del 20% que finalmente terminó de vender con plusvalía tras volver la actividad a los aeropuertos. Pero, además de la intervención puntual con leyes que limitaban la toma de participaciones superiores al 10% en firmas estratégicas, existe una tendencia de vuelta del dinero público a numerosas empresas. Francia, sin duda es el caso paradigmático. Aeroportuarias, energía, aerolíneas, telecomunicaciones, y empresas de defensa son los sectores de mayor presencia pública, aunque no faltan ejemplos más pintorescos como automovilísticas y banca.
En el caso de España, el capital público en compañías cotizadas en Bolsa se plasma a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o el propio Ministerio de Hacienda. El Estado español es propietario del 51% del operador de aeropuertos Aena, del 20% del gestor de la red eléctrica Redeia, del 5% de la gasista Enagás, del 28% del grupo tecnológico y de defensa Indra, del 2,3% del de aerolíneas IAG, del 10,3% del alimentario Ebro Foods y del 4,1% del fabricante de aviones Airbus. En el fabricante de aviones comparte propiedad con Francia (10,86%) y Alemania (10,84%). Los Gobiernos de Felipe González y José María Aznar llevaron a cabo el grueso de las privatizaciones con compañías públicas tan señeras como Endesa, Repsol, Ence, Aldeasa, Tabacalera, Red Eléctrica, Telefónica o Argentaria. En épocas más recientes, la polémica privatización de Bankia, ahora absorbida por CaixaBank y donde todavía el Estado es accionista del 17% del capital a través del FROB.
Ahora, la información confirmada por la SEPI apunta a que el Estado español quiere hacerse con un 5% de Telefónica con el fin de reafirmar su españolidad. Sin duda, la entrada de Saudí Telecom en el capital de la firma presidida por José María Álvarez-Pallete ha sido el detonante. Una noticia que se conocía justo cuando la saudí renunciaba a adquirir hasta el 9,9% de Telefónica y se conformaba con el 5% ya alcanzado.
Francia es conocida por tener una fuerte presencia del Estado que abarcan un buen número de sectores clave, desde la aviación con Air France (28%), ADP (50%), el aeroespacial con Airbus (10,86%), Thales (26%) y Safran (11,3%), pasando por la fabricación de automóviles (Renault 15%) y las comunicaciones (Orange 13,3%). Destacan en energía la pública EDF con más del 90% del capital en manos del estado francés y la también energética Engie (24%).
El Estado alemán no tiene presencia en el sector energético, pero mantiene posiciones en Deutsche Telekom y Deutsche Post. También hay una tradición de participación estatal en empresas regionales y municipales. Eso sí, durante la pandemia mantuvo una gran firmeza en nacionalizar las empresas que fueran necesarias. En estos días se habló, incluso, en que entraría en el capital de Siemens Energy aunque finalmente la propia empresa descartó esta posibilidad.
Italia tiene una presencia significativa del Estado en empresas públicas, especialmente en sectores como la energía y las telecomunicaciones. Ejemplos incluyen Enel, Eni y Telecom Italia. El gobierno de Meloni ha anunciado recientemente su voluntad de vender una participación en Banca Monte Dei Paschi di Siena con el fin de rebajar impuestos a las clases menos pudientes, al tiempo que anuncia adquirir una participación en el negocio de redes de Telecom Italia.
En Países Bajos y Reino Unido el proceso de privatizaciones fue muy contundente y apenas quedan participaciones públicas, salvo en Air France-KLM y en el gestor aeroportuario ADP. Suecia mantiene una presencia significativa del Estado en empresas cotizadas a través de participaciones en empresas como Ericsson y Telia Company, aunque ha habido un esfuerzo continuo para reducir la propiedad estatal en algunas empresas y Finlandia también tiene una presencia del Estado en empresas cotizadas, incluyendo participaciones en empresas como Fortum y Neste. Por último, Austria mantiene participaciones estatales en empresas como OMV (petróleo y gas) y Österreichische Post (servicios postales).
Fondos soberanos
La presencia de los Estados europeos en empresas cotizadas en bolsa puede variar significativamente según el país y la estructura de propiedad de las empresas. En general, los gobiernos europeos pueden tener participaciones en empresas cotizadas a través de varias vías, como las empresas estatales que ya hemos visto. Destacan, por su parte, los fondos soberanos de inversión que invierten en empresas cotizadas en el extranjero. Estos fondos pueden tener inversiones en una variedad de empresas a nivel mundial.
Su objetivo no es el control de las compañías, sino obtener una rentabilidad para las arcas del Estado. Sin duda el más potente es el Fondo Global de Pensiones del gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, que invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo y está gestionado por Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad adscrita al banco central noruego. A finales del pasado mes de junio tenía un valor de 15,299 billones de coronas (1,33 billones de euros).