El accidente en la empresa Iqoxe del polígono petroquímico de La Canonja (Tarragona) que en enero de 2020 causó tres muertos, cumple este martes cinco años entre inversiones en seguridad por parte de la empresa y peticiones de mejora de los sindicatos. Tras cinco años del siniestro, el juicio de la pieza principal todavía no tiene fecha, aunque desde la Fiscalía apuntan que podría celebrarse este año.
Las piezas separadas, la medioambiental -por los supuestos derrames en el mar- y la del reactor clandestino, están a la espera que la Audiencia de Tarragona resuelva los recursos de apelación presentados por el fiscal y las defensas de los exdirectivos. En paralelo, los vecinos reclaman una legislación "más dura" para la petroquímica, mientras que desde Protección Civil apuntan el cambio que ha supuesto la recuperación del Plaseqta.
Desde que uno de los reactores de la planta fallara y provocara una gran explosión, la compañía ha invertido 40 millones de euros en reconstruir las instalaciones e implementar nuevas tecnologías para mantener la seguridad en las diferentes actividades. En cinco años ha mejorado el sistema de protección y extinción de incendios con nuevos detectores de gases y detectores de llama por infrarrojos y ha implantado un nuevo sistema para rociar agua pulverizada. Además, ha puesto en marcha un sistema para guardar una copia de seguridad del proceso productivo y ha creado una planta piloto para realizar simulaciones de procesos de producción y formaciones.
Multas y sanciones
Por el accidente, la Generalitat impuso una sanción de 2,1 millones de euros a Ixoqe por cuatro infracciones en materia de seguridad industrial, y el Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona abrió una causa judicial contra los entonces directivos de la empresa.
En concreto, en noviembre de 2023, el ministerio público hizo públicas sus peticiones de la pieza principal. En global, pide once años de prisión para cada uno de los tres exdirectivos de Iqoxe por las consecuencias de la explosión. Los tres acusados son: José Luís Morlanes, exdirector general de la compañía; Juan Manuel Rodríguez Prats, exdirector de planta; y Gerard Adrio, responsable de seguridad cuando se produjo la explosión. En cuanto a la petición más elevada, son seis años de prisión por un delito de homicidio imprudente, además de tres años por un delito de funcionamiento habitual de la empresa en condiciones inadecuadas de seguridad, y dos años más por un delito contra los derechos de los trabajadores.
En este sentido, también solicita para la empresa, como persona jurídica, 900.000 euros de multa por estragos y condiciones inadecuadas de seguridad, y seis años de intervención judicial. El juicio todavía no tiene fecha, pero desde el ministerio público apuntan que se podría celebrar este mismo año o bien a principios de 2026, en función del calendario de señalamientos de la Audiencia Provincial.
Seguridad, formación y campañas informativas
Tras cinco años, la seguridad es la cuestión que más preocupa a los sindicatos CC. OO. y UGT de Catalunya en el ámbito de la industria, que reclaman más formación para los trabajadores y más información para los ciudadanos ante accidentes químicos. El responsable de la sección de Industria de CC. OO. de Tarragona, Pedro Carmona, ha lamentado que entre simulacro y simulacro las empresas químicas no aplican "las medidas correctoras necesarias", y ha asegurado que hay aún muchos trabajadores que no saben como actuar.
Para el secretario general de UGT en Tarragona, Joan Llort, una de las principales causas de la desinformación es que hay muchos trabajadores subcontratados para los servicios de limpieza y seguridad que no hacen las formaciones de las empresas químicas: "Hay que tenerlos presentes y formarlos". Asimismo, ha defendido que la formación también debe llegar a los vecinos mediante campañas informativas tanto presenciales y telemáticas, mientras ha lamentado que en los últimos años esta cuestión se ha desarrollado "muy lentamente".
Recuperación del plan Plaseqta
Tras el accidente de Iqoxe, la Generalitat creó el Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Tarragona (Plaseqta), que supuso recuperar la dirección de la emergencia desde el propio territorio de Tarragona e implementar organismos de coordinación. Dentro del plan, el Govern ha instalado recientemente en el Port de Tarragona la última de las sirenas de riesgo químico previstas en la zona, ampliando la red de alarmas y comunicaciones de Protección Civil hasta las 121 sirenas.
De este modo, ha dado por completada la cobertura de sirenas de riesgo químico en todas las zonas urbanas con viviendas que están afectadas por las zonas teóricas de confinamiento general, de acuerdo con los estudios de seguridad industrial. También colocará en el Camp de Tarragona 587 sensores que detectarán diversas sustancias químicas en el ambiente que pueden ser potencialmente tóxicas.