Los abogados que representan a la familia Cierco —los hermanos Higini y Ramon Cierco, antiguos propietarios de Banca Privada de Andorra (BPA) y de su filial Banco Madrid— han presentado este jueves en una rueda de prensa una propuesta para tramitar una ley de amnistía que permita solucionar el caso BPA y conseguir “la reconciliación social”. Los abogados Xavier Jordana, Sònia Ruiz e Irina Monroy, del despacho Xavier Jordana Advocats, han defendido que jurídicamente “la única salida” al caso en un Estado de derecho es la amnistía, una palabra que han argumentado que no significa un perdón, sino el olvido, en sus palabras textuales.
Los letrados han detallado que llevan 6 meses trabajando en la propuesta y que la han presentado ante instituciones, entidades y todos los grupos parlamentarios, quienes han mostrado “mucho interés y atención” para analizar si es posible, según información el comunicado emitido por los abogados.
Los abogados han dejado claro que la amnistía no podría ser de aplicación para los clientes que hayan podido llevar a cabo prácticas de blanqueo y “se les debe juzgar sin remedio”, pero sí que aplicaría para los empleados, directivos y consejo de administración del banco. La amnistía beneficiaria a unas 30 personas. La causa contra empleados y directivos de la entidad, acusados de organización criminal, hace 10 años que está abierta y en julio se espera la sentencia de la causa principal. “Ha quedado claro que los empleados no cobraban”, sostienen, y recuerdan que “por la causa general contra el banco tienen sus bienes y cuentas bloqueadas y se ven imposibilidades de encontrar nueva ocupación y de girar página mientras el caso no se acabe”.
Amnistiar a Rajoy y a la policía patriótica
Se indica que la amnistía también beneficiaría a funcionarios o responsables de instituciones que han sido objeto de querellas criminales por parte de la familia Cierco y que actualmente se están instruyendo (unas 25 en total). Es decir, al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a dos exministros y a la policía patriótica del PP, que provocaron el cierre de las dos entidades bancarias con la persecución de la familia Pujol Ferrusola.
El caso BPA se remite a la intervención de la Banca Privada de Andorra (BPA), el 10 de marzo de 2015, por las autoridades del Principat d'Andorra, que atendieron a una nota de alerta de las autoridades norteamericanas (FinCEN) sobre indicios de blanqueo de capitales en el banco (de grupos rusos y chinos); la operación —ligada a la búsqueda irregular de cuentas de la familia Pujol— acabó con la liquidación de la entidad. Habitualmente, las notas del FinCEN son avisos para multar bancos y casinos, pero en el caso de la BPA cerró el procedimiento sin dar voz a la familia Cierco, que hizo todos los esfuerzos por saber quién le había dado la información incorrecta de la entidad, que provocó su cierre por parte de las autoridades andorranas. Todas las sospechas están en la policía patriótica del PP.
Los letrados de la familia Cierco han expuesto que el planteamiento que defienden consiste en que todos los grupos parlamentarios impulsen una proposición de ley que resuelva de forma quirúrgica, en palabras textuales de los abogados, una situación “enquistada” y que ha perjudicado al país. Por el momento, han concretado que en el caso del grupo parlamentario de Demòcrates, del que forma parte el jefe de Gobierno andorrano, Xavier Espot, han dicho que, después de un “golpe de puerta” inicial, en una segunda reunión más reciente se ha tenido una percepción buena.
Impulsar una proposición de ley
Los representantes legales han hecho referencia a un dictamen del mes de marzo de 2024 de la Comisión de Venecia, que indica que en este tipo de casos debe existir un “diálogo constructivo” entre instituciones, entre la mayoría y la oposición parlamentaría, y también debe de tenerse en cuenta a la población. En este sentido, han planteado la posibilidad de pedir un dictamen previo a la Comisión de Venecia antes de llevar la propuesta legislativa a trámite parlamentario para garantizar, como creen los juristas, que la amnistía no supondría ningún “peligro” para la credibilidad internacional de Andorra.
Según han detallado, la amnistía extinguiría las responsabilidades civiles que mutuamente se reclaman la familia Cierco y la Agencia de Resolución de Entidades Bancarias (AREB) y permitiría al Principado “mirar hacia adelante y caminar sin esta injusta carga”. Se precisa que el Estado andorrano se resarcirá de los gastos incurridos con el saldo de la quiebra de la BPA, cifrado en 850 millones de euros, “una parte de los cuales podrán ser decomisados”, se concluye.