Un grupo inversor liderado por el family office con sede en Andorra, Systema Capital, ha invertido 15 millones de euros en la creación de una plataforma legal de reclamaciones, dirigida al segmento empresarial, para la reclamación por daños al cártel de coches, que la justicia ya avaló como un pacto anticompetencia entre los grandes fabricantes de automóviles para aumentar el precio de los vehículos vendidos de febrero de 2006 a agosto de 2013. Los inversores, experimentados en los llamados litigation funding, puesto que en 2019 actuaron contra el cártel de camiones en Europa, instan a las empresas con flotas de vehículos —adquiridos durante este período— a presentar una demanda, con amplias garantías de ganarla y obtener una indemnización de como mínimo 3.000 euros por vehículo. Systema Capital estima alcanzar la representación de unos 100.000 vehículos en toda España, por lo que el litigio podría saldarse con una indemnización global de 300 millones de euros, en España. Para el proceso, Systema Capital ha sumado intereses con Allura & Peimondt, compañía legaltech especializada en litigación masiva y propietaria del portal recuperatudinero.com. Hasta ahora, cerca de 50 empresas, con una flota conjunta de 20.000 vehículos, han decidido iniciar los trámites a través de la plataforma.

El proyecto se gestó en 2021, después de que el Tribunal de Justicia ratificará las sentencias anteriores, que en 2015 derivaron en una sanción administrativa de la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), por importe de 171 millones de euros, para un conjunto de 25 marcas: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo. Además, el proyecto se validó en 2022 cuando el Tribunal de Justicia Europeo falló que el plazo para reclamar los daños de un cártel es de 5 años, plazo que debe contarse desde que la resolución administrativa que declaró el abuso es confirmada por los tribunales. Según este razonamiento, las reclamaciones de los afectados por el cártel de coches estarían en plazo hasta 2026. Ello desató una avalancha de entidades y despachos legales iniciando demandas contras las marcas, pero "la diferencia es que nuestra plataforma se dirige principalmente al segmento empresarial", reconoce Manel Espinosa, socio fundador y director de Allura & Peimondt. Admite que, por ahora, existen más de 500 sentencias favorables de juzgados de lo mercantil y de primera instancia a demandas de personas individuales y, muy mayoritariamente, están estimando parcialmente los daños. "Esto ocurre porque muchos de los afectados no pudieron aportar un informe pericial con la calidad requerida y entonces lo obtenido son estimaciones judiciales de daño inferiores al porcentaje que se podrá conseguir a través de nuestro litigio, porque con la firma de consultoría PQAXIS, se está ultimando el informe pericial de cada caso de acuerdo con las pautas de la Guía de Cuantificación de Daños de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), publicada en 2023, que gobierna la metodología para la evaluación de los daños y su objetivación; y que es de gran ayuda para los jueces", añade.

Se estima que en España podrían llegar a estar afectados unos 10 millones de vehículos adquiridos entre febrero de 2006 y agosto de 2013, cuyos compradores pagaron un sobreprecio de entre el 10% y el 15% como consecuencia de un acuerdo realizado fuera de la legalidad por el 91% de las marcas que operan en el mercado español, que compartieron información para fijar el precio de los coches vendidos en el país. Espinosa reafirma cómo de probado queda el pacto si se analizan las estadísticas de venta de coches en España, durante los años de la crisis económica, y se comparan con los datos de mercados como el francés. "Mientras que en Europa la recesión provoco un descenso en la compra de coches y, en consecuencia, una bajada de los precios, en España, hubo menos compras, pero a precios altos", afirma y argumenta que "las marcas optaron por vender menos, pero mantener márgenes altos", un aspecto que según él quedó probado con los informes judiciales que muestran como las marcas compartían información sobre precios, promociones... De tal manera, que los vehículos de hasta 3.500 kg se vendían por unos 22.000 euros de media.

La plataforma, abierta también a particulares, permite a los usuarios verificar si pueden ser uno de los afectados introduciendo la matrícula de su coche. A partir de ahí se requiere que aporten los documentos necesarios para verificar que su compra está afectada por el pacto de precios. Posteriormente, los profesionales de Allura & Peimondt iniciarán todos los trámites. "Ahorramos tiempo y dinero a los afectados que no tienen que desembolsar ninguna cantidad de dinero durante todo el proceso", añade Espinosa. "Únicamente deberán abonar un porcentaje sobre la indemnización, en caso de ganar la demanda", concreta. Por su parte, Iván Comerma, socio de Systema Capital, insiste en la importancia de poder avalar "con calidad" el peritaje para demostrar los daños que se ha causado a los afectados.