La fusión de UBS y Credit Suisse entra en una nueva fase. Pese a que la adquisición se produjo a instancias del Gobierno suizo, que no quería dejar caer a la entidad y provocar un colapso financiero en Europa, ahora la Fiscalía General de Suiza ha anunciado que está investigando la compra para verificar que la operación se ha llevado a cabo de acuerdo con la legislación pertinente.
En concreto, la Fiscalía ha abierto una investigación para examinar posibles infracciones del derecho penal por parte de funcionarios, reguladores y ejecutivos bancarios, según el diario británico Financial Times. "La Fiscalía quiere cumplir de manera proactiva con su misión y responsabilidad de contribuir a la limpieza del centro financiero suizo y ha establecido un mecanismo de supervisión al respecto para tomar medidas inmediatas en cualquier situación que se encuentre dentro de su campo de actividad", recoge Europa Press.
La Fiscalía considera que la operación comprende "numerosos aspectos que necesitan ser investigados" para identificar "cualquier delito que pueda caer dentro de sus competencias". UBS adquirió Credit Suisse el pasado 19 de marzo tras una negociación amparada por el Estado suizo y estimada en 3.000 millones de francos suizos (3.020 millones de euros).
La operación fue criticada por diputados de todo el espectro político suizo, que reprocharon al Gobierno el uso de sus poderes de emergencia para extender garantías financieras a UBS respaldadas por los contribuyentes y silenciar la posible oposición de los accionistas.
El diario suizo NZZ am Sonntag, asegura este domingo que la Fiscalía suiza también investigará la cobertura mediática en torno a la compra, en la que medios internacionales (entre ellos Financial Times) dispusieron de información en exclusiva antes que sus contrapartes helvéticas y horas antes de que se cerrara la operación, recoge la Agencia EFE.
Por su parte, el diario SonnstagsZeitung anticipa que la fusión entre UBS y Credit Suisse podría suponer un recorte de entre el 25% y el 30% de la plantilla global de ambas entidades, es decir, el despido de entre 25.000 y 36.000 empleados. También vaticina que la marca "Credit Suisse" no desaparecerá hasta dentro de tres o cuatro años, pese a que las dos entidades han asegurado que quieren cerrar la adquisición antes de finales de 2023.