El caso Celsa sigue dando que hablar en un momento de incertidumbre para los sectores estratégicos e industriales del país. Voces de Foment de Treball creen que las administraciones públicas deberían haberse involucrado más en la evolución de la siderúrgica catalana en los últimos años y en su deterioro económico. Situación que ha llevado a la compañía a acabar en manos de sus acreedores, un grupo de fondos de inversión extranjeros liderados por Deutsche Bank.
Así lo ha destacado Jordi Alberich, vicepresidente coordinador del Instituto de Estudios Estratégicos de Foment del Treball, durante un debate organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) sobre el control de las inversiones extranjeras en las empresas estratégicas de España. Un coloquio en el que también han participado Juan de la Cruz, director del Centro Europeo de Regulación Económica y Competencia y el presidente del CGE, Valentín Pich, además de contar con la intervención previa al debate de Sara Baliña, directora adjunta de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de la Presidencia del Gobierno de España.
El experto de Foment ha criticado el papel del Gobierno de España y de la Generalitat por su "ausencia total" de interés en la siderúrgica que da empleo a miles de trabajadores. "Los poderes públicos no han estado por Celsa en los últimos años, su reacción ha sido a última hora, cuando ya era inevitable. Las alternativas se tenían que haber planteado con antelación", ha señalado Alberich.
En este sentido, ha destacado la responsabilidad tanto de la Administración central como de la catalana, aunque en materia legislativa sea la primera la que tuviera que llevar la iniciativa. Además, ha puesto el foco en que este tipo de casos no ocurre en otros países. “Es uno de los pocos casos en Europa en los que una compañía estratégica de un país y la primera industria de una comunidad autónoma termina controlada por fondos oportunistas”, ha aseverado.
Critica que el futuro de Celsa dependa de una decisión judicial
En relación con este tema, Juan de la Cruz ha señalado que la siderurgia "es un sector estratégico con una capacidad enorme" y que "el caso Celsa es incomprensible". En este sentido, ha criticado que no se ha protegido y "ni siquiera se ha planteado la prevención. No ha habido prospectiva ni visión de futuro".
Alberich también ha incidido en que el futuro de una empresa tan importante no debería haber dependido únicamente de la decisión judicial que acordó la reestructuración de la compañía para pasar de las manos de la familia Rubiralta a los fondos acreedores con los que tenía contraída su deuda.
"En España tenemos poca tradición de política industrial sofisticada. Se me hace inimaginable que países como Alemania, con una política industrial activa, sea un juez único el que determine el futuro de una industria estratégica. Más extraño es que en el grupo de acreedores esté una filial como la del Deutsche Bank, actuando en contra de la voluntad del gobierno regional y del central", ha explicado. Es por ello que ha remarcado la importancia de la prevención por parte de las administraciones para haber legislado e intervenido antes de haber llegado a la situación actual.
Sobre el futuro de Celsa, sus acreedores y ahora accionistas de control están buscando un socio industrial para dar entrada en el capital de la compañía. "Me cuesta creer que Celsa no acabe en manos de otros accionistas en el corto plazo, entera o a trozos, porque va un poco en contra de la naturaleza de estos fondos. Buscan el mayor rendimiento a corto plazo y lo razonable es que la compañía acabe en manos de terceros cuando hayan obtenido rentabilidad", ha asegurado Alberich.
El coste para el Estado de entrar en Telefónica
La política industrial y los sectores estratégicos de España han centrado el debate. Además de Celsa, la compra del 4,9% del capital de Telefónica por parte del grupo saudí STC y la posibilidad de adquirir el 5% adicional, así como la posibilidad de que el Estado entre el accionariado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha puesto en aviso al mundo político y empresarial del país.
Valentín Pich, ha afirmado que el caso Telefónica “ha puesto de manifiesto las flaquezas de la actual legislación en esta materia, al verse obligado el Gobierno a atenerse a una cláusula de alcance discrecional, lo que puede provocar la desincentivación de las inversiones extranjeras".
En este sentido, el presidente del CGE cree que “no se debe menospreciar el coste de la operación, estimado en algo más de mil millones de euros” y que la SEPI, aun utilizando todos los recursos que tiene autorizados en los Presupuestos Generales, no alcanzaría dicha cifra, por lo que sería necesaria una transferencia del Estado, “empeorando aún más las cuentas públicas”. Además, ve “complicado” convencer a otros inversores españoles para entrar en el capital de la teleco.
Por su parte, Juan de la Cruz ha señalado que para valorar la operación "hay que tener en cuenta que, desde un punto de vista jurídico de las relaciones comerciales internacionales, la Constitución habilita al Gobierno para la dirección de la política exterior (art. 97 CE). Por eso, la autorización o denegación de esta operación supone situarla en el tablero de las relaciones tanto bilaterales como multilaterales, para poder valorar ventajas e inconvenientes, y establecer un balance de costes y beneficios que permita discernir con prudencia la decisión final que mejor satisface los intereses generales”.
Sobre si el Gobierno de España conocía o no la entrada de los saudíes en la compañía, Alberich ha señalado que “me resultaría incomprensible e inadmisible que no se hubiera hecho, de la misma manera que reflejaría una falta de pericia extraordinaria que ni Telefónica ni el Gobierno hubieran percibido que iba a producirse dicha adquisición; considero que el gobierno en funciones dispone de legitimidad para autorizar o no dicha operación".