La negociación de los tres decretos económicos que el Congreso debe votar este viernes se ha alambicado con el voto en contra anunciado por Podemos y Junts per Catalunya. Este último partido pide, para apoyarlos, que las empresas que se marcharon de Catalunya en 2017 puedan ser sancionadas si no vuelven. Foment del Treball, la patronal que abandera desde hace meses la ofensiva para que las empresas retornen sus sedes a territorio catalán, se opone la vía de las sanciones.
La organización que preside Josep Sánchez Llibre ha mostrado su rechazo a esta opción: “No es una política económica aceptable”, ha valorado Foment en un comunicado, en el que tampoco ve con buenos ojos incentivos, como sí ha pedido Pimec. “Como ya ha dicho varias veces el presidente Josep Sánchez Llibre, Foment rechaza que el regreso de las empresas deba basarse en sanciones o incentivos a las compañías”, añade el comunicado.
Foment no considera necesarios los incentivos fiscales, que también reclama Junts, y mantiene que “la normalidad institucional y la creación de un clima económico favorable son el contexto necesario para favorecer el retorno de aquellas empresas que se marcharon si es que lo consideran necesario”. La propuesta de Junts, no obstante, parece que no va a prosperar, pues el Gobierno ha cerrado la puerta a esta opción, que considera que se sale de la seguridad jurídica.