El futuro del grupo Celsa, una vez en manos de los fondos acreedores, tiene en vilo a los sindicatos UGT y CC. OO. y a la patronal Foment del Treball, por la falta de información de qué disponen sobre la hoja de ruta que marcarán los nuevos propietarios de la siderúrgica, ahora que tienen -por decisión judicial- el mando de la compañía fundada por la familia Rubiralta. Este miércoles, la patronal Foment del Treball y el sindicato UGT han manifestado su preocupación por el mantenimiento de los 10.000 empleos directos y hasta 30.000 indirectos y exhortan a los nuevos dueños a mantener íntegra la estructura empresarial del grupo, que posee 120 centros de trabajo en el mundo, de los cuales, cuatro acerías están en España: Celsa BCN, en Castellbisbal (Barcelona), Nervacero (Vizcaya), Global Steelwive (Santander) y Celsa Atlantic (Álava). La plantilla en España es de unas 4.500 personas.
Todos los agentes sociales han expresado reiteradamente que los fondos acreedores no han informado a los sendos comités de empresa del contenido del plan de reestructuración que han presentado al juez Álvaro Lobato y, en el caso de UGT, reprochan al magistrado que rechazase su personación como parte implicada en la causa abierta, por considerar que "no tenían intereses en el caso", según ha explicado este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. “El juzgado se despachó diciéndonos que no nos daba audiencia y que no nos dejaba entrar como parte porque no teníamos intereses. Pero vaya que sí tenemos intereses (…) Cuando una empresa entra en estas condiciones, hay un interés fundamental que es el de los trabajadores, incluso aunque únicamente sea para proteger su derecho a la indemnización en el supuesto de que se disuelva la empresa”, ha explicado.
Según el representante sindical, más allá del caso de Celsa, sería partidario de que se revisaran los condicionantes para evitar situaciones parejas en las que se pueda apartar a los trabajadores de los procesos judiciales para dilucidar la viabilidad de empresas que presenten concurso de acreedores. El líder sindical ha expresado, en un encuentro con periodistas para presentar las prioridades de su sindicato para esta legislatura, que "es muy importante que se mantenga la unidad" del conglomerado siderúrgico y que la propiedad no incurra en el error de "trocearla" y ha pedido garantías para el mantenimiento de los empleos.
Acogiéndose a la nueva Ley Concursal española, el sindicato UGT, y también CC. OO., pidieron en su momento acceso a toda la documentación incluida en el plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores para conocer exhaustivamente los planes de futuro. CC. OO. reitera "esta falta de información". Una vez finalizado el juicio, el pasado julio, los sindicatos hicieron un comunicado conjunto en el cual manifestaban que se sentían "ninguneados por los fondos acreedores".
La patronal Foment insiste en pedir que no haya una disolución o descabezamiento de las unidades de negocio y que se dé "prioridad absoluta a los criterios de gestión industrial a largo plazo, sociales y sostenibles". Los empresarios -que desde el primer momento mostraron su apoyo a la gestión de los Rubiralta- ha considerado que el grupo "una compañía estratégica y esencial para el país". En un comunicado, la patronal asegura que "respeta, como no podría ser de otra forma, la sentencia emitida por el juzgado" mercantil 2 de Barcelona en la que se plantea un cambio de propietarios de Celsa Group y manifiesta que "se pondrá en contacto con celeridad con los nuevos propietarios y con los futuros gestores de la compañía para conocer los planes de viabilidad, así como las inversiones previstas para el futuro".