Ferrovial tiene ante sí su primer escollo accionarial en torno a la decisión de trasladar su sede social desde España hasta Países Bajos. El fondo soberano de Noruega, el cual pertenece a Norges Bank, ha oficializado este martes a través de su web su oposición al traslado de la sede de Ferrovial al país neerlandés. La institución, que a finales de 2022 poseía un 1,50% del capital de la constructora, ha manifestado su rechazo a una operación que, en las últimas horas, ha vuelto a salir a la palestra y está contando con varias críticas, sobre todo por parte del Gobierno de España.
Durante la tarde de ayer, el Ejecutivo estatal mandó una carta a Ignacio Madridejos, CEO de la compañía, destacando la necesidad inexistente de trasladar su sede social a los Países Bajos para poder cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos. El Gobierno de Sánchez sigue tratando de presionar a la compañía para que esta finalmente decida pausar su salida del país, algo que, atendiendo a la postura de Ferrovial, parece complejo. Pese a que el BME y la CNMV han corroborado el mensaje del Gobierno de España, la constructora sigue alegando varios motivos por los que ven necesario trasladarse hasta Países Bajos.
Pese a ello, el fondo soberano de Noruega ha sido uno de los primeros accionistas de la compañía que ha mostrado su rechazo ante la operación. El accionista de la constructora votará en contra de este trámite en la junta de accionistas, la cual tendrá lugar el próximo jueves 13 de abril y en la que uno de los puntos a tratar será la fusión de Ferrovial con la filial neerlandesa, lo que supone el traslado de la sede social.
Norges Bank perdería poder como accionista de Ferrovial
Norges Bank explica que “las fusiones, adquisiciones y otras transacciones corporativas deberían maximizar los rendimientos de los accionistas. Al evaluar las transacciones corporativas, también consideramos si existe suficiente transparencia para tomar una decisión plenamente informada, si todos los accionistas reciben un trato equitativo y si existen conflictos de intereses innecesarios”.
Pese a que, a priori, la decisión de Ferrovial de asentarse en los Países Bajos trae varios beneficios a la compañía, Norges Bank valora esta operación y ve ciertos inconvenientes que pueden afectar a los inversores minoristas de la constructora. Y es que, Institutional Shareholder Services (ISS), una firma asesora en gobierno corporativo, advirtió sobre el riesgo que suponía esta operación para los accionistas con las posiciones más bajas en el capital de Ferrovial. Y es que la ley neerlandesa restringe más que la española el poder de los accionistas minoritarios.
Es por ello por lo que el fondo soberano de Noruega, considerado el más grande del mundo, ha explicado este martes su rechazo a una operación que, pese a seguir adelante, parece estar indigestándose. Ferrovial encara la junta general de accionistas del próximo jueves con varias críticas por parte del Gobierno estatal hacia esta operación. Además de ello, durante este martes, tanto la CNMV, como el BME, ha constatado que Ferrovial podría cotizar en el mercado de valores de Estados Unidos sin la necesidad de trasladar su sede hasta los Países Bajos.
Los accionistas minoritarios podrían frenar la salida de Ferrovial
Por el momento, este trámite no cuenta con el ‘ok’ de Norges Bank, algo que podría poner en un brete la operación de la constructora presidida por Rafael del Pino. Tal y como informa Europa Prees, el fondo podría ejercer su ‘derecho de separación’, el cual consiste en oponerse formalmente a la operación en un plazo de un mes desde la celebración de la junta de accionistas. Si más del 2,56% de los accionistas lo ejerce, el cambio de sede no se podrá hacer, tal y como lo anunció la empresa con sede en Madrid en la jornada en la que reveló sus intenciones.
Está por ver si la transacción corporativa llega a buen puerto o, por el contrario, se queda en una intentona de Ferrovial. Por el momento, el Gobierno de España sigue presionando porque la empresa no se vaya de España. Ya a finales de febrero y principios del pasado marzo, varios miembros del Ejecutivo estatal cargaron contra la compañía por esta decisión, la cual, para el Gobierno de Sánchez, es “errónea”. Ahora, la empresa cuenta con el rechazo del Ejecutivo estatal y con el de Norges Bank, uno de sus accionistas minoritarios.