El primer día del juicio sobre la viabilidad del grupo siderúrgico Celsa ha afianzado la posición de las dos partes en conflicto, la familia Rubiralta propietaria de la compañía y los fondos internacionales como acreedores de la deuda del grupo. Por una parte, los representantes legales y directivos de Celsa defendiendo que el plan industrial asegura el futuro del grupo y, por otra, los acreedores abogando por un nuevo plan financiero, un consejo de administración independiente que implicaría relegar a los Rubiralta de la toma de decisiones y el mantenimiento del plan industrial. La vista de que se ha celebrado en el Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona se ha abierto con la defensa de la familia Rubiralta aportando documentación sobre las últimas operaciones financieras realizadas el pasado 23 de junio, en concreto para la filial del Reino Unido, donde ha aprobado un plan de refinanciación, que incluye la liquidación de un préstamo de 35 millones de euros (30 millones de libras) que el gobierno del Reino Unido le concedió para superar los efectos de la pandemia.
Mientras tanto, en las comparecencias de los representantes de los fondos acreedores SVP Global, Deutsche Bank, Sculptor y Anchorage, han reiterado que quieren ejecutar la deuda viva con la mayoría del capital de Celsa y que quieren poner al frente de la empresa catalana a un consejo independiente que diseñará un plan financiero y mantendrá el plan industrial y los puestos de trabajo -unos 10.000 directos en España. Actualmente, los acreedores ostentan el 90% de la deuda jumbo -préstamo hipotecario- y el 89% de la deuda convertible, que en conjunto se eleva a 2.200 millones de euros. Álvaro Fabián, en nombre del fondo SVP, aseguró que el fondo no tiene intención de vender su participación al grupo. A propósito de eso, el abogado de los actuales accionistas del grupo, Jaime Cano, ha hecho notar a Álvaro Fabián que SVP ha comprado la parte de la deuda que estaba en manos del fondo Goldman Sachs, y le ha cuestionado como era que habían hecho la operación "si representa que están desesperados para cobrar cuanto antes mejor".
En otra de las intervenciones, Gavin Colquhoun, en nombre de Deutsche Bank en Europa, ha afirmado que los fondos "nunca" han renunciado a negociar con los propietarios de Celsa, pero que "después de más de tres años de no tener negociaciones fructíferas se constató que el proceso judicial era la única manera de avanzar", según informa Efe. En la misma línea se expresó Dylan Szymanski, de Sculptor, al afirmar que su fondo "nunca ha dejado de confiar en Celsa", sino que sí que ha perdido la confianza en sus accionistas, a la familia Rubiralta. El último representante de los acreedores a tomar la palabra ha sido Lauren David, de Anchorage Capital, que ha dicho que su fondo está "especializado en reestructuraciones" y que su voluntad es "reconstruir el consejo de administración".
Celsa pone de ejemplo el gobierno del Reino Unido
Por su parte, tres miembros del actual equipo directivo de la siderúrgica catalana pusieron de relieve el plan industrial de la compañía y la viabilidad del negocio, y alertaron del riesgo de dejarla en manos de los fondos acreedores. En más, los representantes legales argumentaron que como de importante hubiera estado disponer de la ayuda de 550 millones que aprobó la Sepi, en junio de 2022, para poder enderezar las finanzas del grupo. En este sentido, se refirieron al proceso que ha seguido a Celsa en el Reino Unido, donde el gobierno le concedió un préstamo de 35 millones de euros (30 millones de libras) para esquivar la crisis de la Covid-19 y que se ha podido devolver íntegramente el 27 de junio pasado. Además, con la banca británica se han amortizado 26 millones de libras de una deuda contraída de 32 millones, que se irá liquidando progresivamente hasta su totalidad en el 2028. También citaron la existencia de una línea de descuento de circulante por valor de 200 millones de euros.
La negociación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) para que la empresa recibiera una ayuda de 550 millones de euros, que está congelada por la falta de acuerdo con los acreedores ha sido una de las cuestiones esgrimidas por los Rubiralta en todo este proceso, que se inició en septiembre del 2022, cuando los fondos acreedores se acogieron a la nueva ley concursal para iniciar la vía judicial. Tanto el director financiero de Celsa, Javier Echevarri, como el director financiero de Celsa España, Xavier Puig, han asegurado que el equipo negociador recibía las directrices del consejo de administración de la empresa y no de la familia Rubiralta, los propietarios de la empresa, según informó Europa Press. Echevarri ha explicado que después de acordar la ayuda, la empresa entendió que era "posible renegociar con los fondos sin entrar en el capital" y ha lamentado que los acreedores de los créditos Jumbo y reconvertible no respondieran dentro del plazo otorgado por Sepi para aceptar la ayuda. Ha recordado que la empresa hizo en abril una oferta con un pago de 450 millones de euros en efectivo, la reestructuración de 662 millones de euros con deuda sénior y un nuevo instrumento de deuda adicional de 450 millones. Puig ha defendido que Celsa no ha pagado la deuda con los acreedores desde el 2020 "no para no querer" y ha recordado que esta última oferta era de casi 2.000 millones de euros. "Hemos ofrecido compensar la totalidad de la deuda", ha asegurado, y ha subrayado que Celsa está al día de todos los pagos con trabajadores, administraciones y proveedores.