En un primer contacto que ha mantenido una representación sindical de UGT, CCOO y USO con un representante de los fondos acreedores de Celsa, a sus nuevos propietarios por fallo judicial, quedó claro que quieren tener total libertad de movimiento y, por eso, rechazarán beneficiarse del rescate de 550 millones de euros que la SEPI había concedido a la siderúrgica, con la supervisión previa de la Comisión Europea. Tal como estaba diseñado el plan de rescate de la SEPI -a mediados de 2022- el gobierno central determinaba varios condicionantes para garantizar el destino de los recursos a reducir la deuda financiera y garantizar la viabilidad de la compañía. Los fondos han trasladado la información a los representantes de los trabajadores sobre este extremo que se expuso, sin mucha concreción, durante las vistas del juicio sobre la insolvencia del grupo, cuando se hizo referencia al proyecto de reestructuración que han presentado los acreedores contra la compañía de la familia Rubiralta.

Los acreedores han empezado a tomar medidas sobre la situación, una vez publicada la sentencia judicial que les otorga la compañía, implementar los compromisos que han adquirido a la espera de configurar un equipo directivo que asuma las funciones ejecutivas, según han comunicado a los sindicatos. De momento, han designado lo que fue consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, como presidente del futuro órgano de decisión para la nueva etapa.

Fuentes sindicales manifiestan que la información que les han proporcionado "ha sido escasa" y que los fondos vierten un cúmulo de "buenas intenciones", en que los trabajadores responden con la demanda de protección y crecimiento de empleo estable y de calidad, las condiciones laborales y el poder adquisitivo de los trabajadores, el mantenimiento de los planes de inversión y formación, proteger la integridad empresarial del grupo, es decir, no vender activos ni desinvertir para poder afrontar el proceso de transición energética e industrial del grupo y garantizar el futuro de los centros de producción.

Desde CCOO, su secretario general en Catalunya, Javier Pacheco, ha indicado que el cambio de propiedad tiene "riesgos" porque los inversores extranjeros querrán rentabilidad "a corto plazo", porque "es más una actuación financiera y en clave de mercado que industrial". Pacheco y su homólogo Camil Ros, secretario general de UGT Catalunya, advierten que hay un problema de fondo con la nueva ley concursal –aprobada hace justo un año por el gobierno central– y los pone en alerta sobre futuras situaciones que pueden tener el mismo final judicial, en qué, los dos reiteran, los sindicatos no se han podido presentar a la causa. Los sindicatos temen que, si la situación de Celsa y el proceso que se ha seguido sirve de ejemplo, podría provocar un efecto cadena y el desmantelamiento de empresas industriales en España, relegando las organizaciones sindicales a simples espectadores. Además, Camil Ros insiste -en declaraciones a ON ECONOMIA- que "la preocupación esencial es el mantenimiento del empleo" y que escuchan a los acreedores con recelos, ya que no sería la primera vez que "en un cambio de propiedad empresarial el compromiso inicial de respetar los puestos de trabajo acaba siendo un poco pasajero y al cabo de un tiempo llegan los despidos".

Las demandas sindicales están en línea con los compromisos que el Govern catalán ha puesto sobre la mesa en los contactos que también ha mantenido con los fondos acreedores los últimos días. El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha asegurado que el Govern continúa la interlocución y el "diálogo permanente" con Celsa -la familia Rubiralta, los fondos acreedores y los sindicatos- y ha afirmado que la Generalitat tiene una "visión coincidente" con el gobierno central, según los contactos que ha mantenido con el Ministerio de Industria, y que están en buena sintonía para defenderla, para que se mantenga la actividad industrial de todo el grupo, "que no se fracture", y los trabajos. El Govern también insiste en que los centros de decisión de la siderúrgica se mantengan en Catalunya, para que el grupo siga siendo un actor industrial de primer nivel. La familia Rubiralta estableció la sede central de la empresa en las instalaciones que tiene en Castellbisbal (Barcelona), también una de las plantas de producción.

Más allá de los primeros contactos que están realizando todas las partes implicadas en el caso Celsa, la familia Rubiralta como fundadora de la compañía y propietaria y los sindicatos, pero también el Govern catalán, tienen la vista y la confianza puesta en el gobierno central porque la operación para la adquisición del 100% de la compañía está sometida al control de inversiones extranjeras y, por lo tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros español autorice la operación.