Los fondos acreedores de Celsa han iniciado la recta final para tomar el control de la siderúrgica catalana: ultimar un acuerdo con la banca para refinanciar las líneas de crédito que la compañía tiene abiertas de su anterior etapa bajo la gestión de la familia Rubiralta. Se trataría, según fuentes próximas a los fondos acreedores, de unos recursos de unos 525 millones de euros. De cerrarse esta semana, el acuerdo se enmarcaría en el calendario estratégico que han determinado los fondos desde que -a raíz de la sentencia judicial que les otorgó la potestad total sobre la siderúrgica, de la cual ellos mismos instaron a concurso de acreedores- ostentan su control legal. Así, en este mes de noviembre entrarían de lleno en la gestión del grupo. Los fondos acreedores están liderados por Deutsche Bank y Attestor, con en torno al 20% del capital cada uno.

El pasado mes de julio, la familia Rubiralta procedió a renovar esta línea de crédito de 525 millones de euros de pasivo circulante con algunos de los principales bancos -Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, mayoritariamente- por otros seis meses, una operación clave para afrontar los pagos de su actividad diaria. Esta línea de financiación finalizaba inicialmente el pasado octubre, pero entonces las entidades bancarias prorrogaron el plazo durante tres meses y, posteriormente, durante otro medio año. Ahora, los acreedores han pactado que, del monto total adeudado, se estructure en un préstamo de 250 millones y líneas de factoring por 275 millones más, con un vencimiento a cinco años, según una información publicada por Cinco Días. La compañía, que facturó en 2022 la cifra de 6.084 millones de euros y alcanzó un resultado de explotación de 867 millones, arrastraba una deuda de casi 4.000 millones de euros con los fondos acreedores.

Inicialmente, será un consejo de administración interino el que tomará las riendas de la compañía, puesto que los fondos únicamente han elegido al nuevo presidente no ejecutivo del máximo órgano directivo, el exconsejero delegado de Naturgy, Rafael Villaseca. El proceso, hasta ahora, lo han coordinado Lexaudit -la consultora independiente que también realizó la valoración sobre la compañía para los acreedores para defender su plan de reestructuración- y FTI Consulting, una firma norteamericana de asesoría empresarial que cotiza en la Bolsa de Nova York. Los acreedores esperan, según las mismas fuentes, incorporar a cuatro miembros en el consejo de administración para, a partir de enero de 2024, nombrar a un consejero delegado para todo el grupo. Celsa está presente en 14 provincias españolas, con 49 centros de trabajo, de los cuales 33 son centros productivos que se encargan de la recuperación y tratamiento de la chatarra, así como de la transformación y distribución de productos de acero. En el exterior tiene producción en Polonia, Cardiff (Reino Unido) y Rana (Noruega). Celsa emplea a unos 10.000 trabajadores -más de 4.700 entre plantilla y subcontratas en España-, cuenta con seis grupos empresariales y tiene presencia en nueve países del continente.

Los sindicatos UGT y CCOO mantienen su demanda de ostentar un puesto en el consejo de administración para velar por la continuidad de la actividad del grupo, con un plan industrial, y el mantenimiento de la plantilla. Los sindicatos han reclamado en varias ocasiones al Gobierno que vele por el empleo, la actividad industrial y las inversiones previstas en Celsa, en una gran parte vinculadas al proyecto de descarbonización de la siderúrgica. También han insistido en la conveniente entrada de un socio industrial del sector siderometalúrgico español y que los miembros del consejo de administración sean independientes y con una mayoría de españoles.

Una vez esté formalizado el nuevo consejo de administración, la nueva dirección se centrará en la búsqueda de un socio industrial que tomaría, probablemente, un 20% del capital de la compañía, para cumplir con los compromisos que los acreedores asumieron ante el Gobierno. Entre otras cosas, los acreedores también asumieron la responsabilidad de sanear y fortalecer la posición financiera de Celsa, mantener su plantilla y sus capacidades productivas y la sede social en España. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, varios grupos industriales estarían interesados en Celsa, aunque los acreedores no confirman este extremo.