La Generalitat ya ha abonado los 365,6 millones previstos para hacer frente a la sentencia que le obliga a indemnizar a la concesionaria de la antigua Aigües Ter-Llobregat (ATLL), una empresa denominada ahora Aigua Ter-Llobregat (ATL). Según avanza este lunes El Confidencial y han confirmado a EFE fuentes del departamento de Economía, esta cantidad se abonó en mayo. En el informe mensual de ejecución presupuestaria correspondiente a mayo, que se dio a conocer en julio, el departamento de Economía admitió que había hecho una "provisión para hacer frente a la sentencia de la anulación del contrato con ATL" por ese importe de 365,6 millones.
Fuentes del Departamento de Economía han asegurado que técnicamente se habló de provisión por tratarse "de una sentencia que aún no es firme". "La sentencia se ha ejecutado (pagado) porque la empresa concesionaria pidió al TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) la ejecución provisional y el tribunal lo aceptó", sostienen estas fuentes, que añaden que "este gasto, en cuanto al importe, no se considera definitivo, ya que aún no hay sentencia firme" por parte del Supremo.
El Confidencial subraya que el Govern, entonces presidido por Pere Aragonès y con Natàlia Mas como consellera de Economía, no incluyó ese pago de los 365,6 millones de euros por la sentencia de ATL -aprobado en la sesión del pasado 28 de mayo, cuando ya estaba en funciones- entre la relación de acuerdos posteriores que se comunica a los medios de comunicación. Este contencioso tiene su origen en 2012, a raíz de la adjudicación por parte de la Generalitat a un consorcio liderado por Acciona de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat.
Grupo Agbar
Esa decisión fue impugnada por el grupo Agbar, y a partir de ahí se inició un larga batalla legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat. ATLL, ahora denominada ATL, es la empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta" (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.
Toda esa guerra legal de más de una década tuvo su punto culminante en diciembre de 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización.
El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat. En 2019 Acciona, por su parte, anunció que había vendido al fondo Fortress por 170 millones de euros los derechos de cobro futuros de aquella indemnización. Tras el fallo del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Supremo, que aún está pendiente de resolución.
A la espera de la decisión del Supremo, el año pasado la concesionaria pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y en abril de ese año ese tribunal dictó un auto en favor de esa ejecución provisional. Al elaborar los presupuestos de la Generalitat para 2023 el Govern no creyó necesario incluir una provisión por ATL, porque no preveía que este asunto tuviera impacto presupuestario ese año, pero finalmente el Govern ha acabado pagando este año 365,6 millones.
Tras aquella privatización fallida, en 2019 la Generalitat asumió directamente la gestión de la nueva empresa pública de aguas, denominada Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).