El Govern de la Generalitat está a punto de firmar un acuerdo extrajudicial con Fortress para cerrar definitivamente el contencioso por la fallida privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Fortress es un fondo norteamericano que, en 2019, compró los derechos sobre futuras indemnizaciones por el caso ATLL a Acciona, a la cual la Generalitat adjudicó en 2012 la concesión de esta compañía de aguas en una operación que posteriormente fue anulada por los tribunales.
Fuentes próximas a la negociación apuntan que el acuerdo extrajudicial, pendiente solo de "detalles", prevé que la Generalitat pague cerca de 120 millones de euros, que se suman a los 365 millones que abonó el anterior Gobierno de Pere Aragonès en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Se prevé que el acuerdo se firme en los próximos días, según adelantó La Vanguardia y han confirmado a ON ECONOMIA fuentes de la negociación. Estas fuentes precisan que el Govern está negociando con Fortress, que compró los derechos sobre posibles reclamaciones a Acciona por 170 millones de euros. Sin Embargo, Acciona y sus socios recibirían un porcentaje sobre los pagos en cumplimiento del contrato con Fortress si bien ninguna de las partes lo ha hecho público.
El caso se remonta a finales de 2012, cuando el Govern de Artur Mas adjudicó ATLL a un grupo liderado por Acciona, que tenía que pagar cerca de 1.000 millones de euros por una concesión de 50 años, de los cuales avanzaron 300 millones, en la que fue la privatización más importante que ha realizado la Generalitat. Con posterioridad, esta adjudicación acabó en los tribunales y la Generalitat optó por volver a asumir la gestión de la compañía que se encarga de suministrar agua 'en alta' –desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales– al área metropolitana de Barcelona. Después de que ATLL volviese al ámbito público de la Generalitat cambió su denominación a ATL (Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat).
El acuerdo que se está negociando pondrá punto y final al contencioso, que en estos momentos se encuentra en el Tribunal Supremo. La Generalitat habrá pagado cerca de 500 millones de euros: 377 millones por la sentencia del TSJC (365 que ya se hicieron efectivos y otros 12 todavía pendientes) a los cuales se sumarán ahora 120 millones más.
La adjudicación del 2012 a Acciona fue impugnada por Agbar. Así se inició una pugna legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat. En diciembre de 2022, el TSJC dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización. El consorcio de Acciona pidió una compensación de 900 millones, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat. En 2019, Acciona anunció que había vendido al fondo Fortress por 170 millones de euros los derechos de cobro de futuras indemnizaciones.
Después de la sentencia del TSJC, tanto la Generalitat como la concesionaria acabaron interponiendo un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que todavía está pendiente de resolución y que, de firmarse el acuerdo extrajudicial, ya no será necesario. A la espera de la decisión del Supremo, el concesionario pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y este tribunal les dio la razón.