La Generalitat ha provisionado un total de 365,6 millones de euros para hacer frente a la sentencia que lo obliga a indemnizar al concesionario de la antigua compañía pública a Aigües Ter-Llobregat (ATLL). El Departamento de Economía da cuenta de esta provisión para la compañía, que ahora responde a la denominación de Aigua Ter-Llobregat (ATL) en el último informe mensual de ejecución, el correspondiente al mes de mayo, en que analiza la ejecución del presupuesto. Actualmente, ATL es la empresa íntegramente de gestión pública que presta el servicio de abastecimiento de agua en alta (desde las cuencas de los ríos hasta los depósitos municipales) a Barcelona y su área metropolitana.

La provisión de estos 365,6 millones es el último capítulo de un contencioso judicial que tiene el origen en el 2012, a raíz de la adjudicación pública por concurso de la entonces ATLL a un consorcio liderado por Acciona. Una adjudicación que Agbar recurrió a los tribunales. La privatización fue el instrumento financiero que usó el entonces conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, para cerrar los presupuestos de 2012, en una etapa de crisis económica y una administración inmersa en los recortes económicos.

La actual provisión para ATL, el gasto de los conciertos sanitarios y sociales, los incrementos retributivos adicionales del 2023 y el aumento de personal docente y sanitario hicieron que los gastos no financieros de la Generalitat se elevaron un 15% hasta mayo, hasta 15.783,2 millones, si bien los ingresos no financieros también crecieron hasta los 14.955,7 millones, un 12,6% más, al recibir un anticipo de la liquidación del modelo de financiación, según informa Efe.

Un conflicto que se remonta a 2012

A raíz de la impugnación que hizo el grupo Agbar se inició una larga batalla legal que acabó con la anulación de aquella adjudicación por parte de los tribunales y la reclamación de una indemnización a la Generalitat por parte de Acciona que ya había empezado a operar la gestión de la compañía cuando se recibió la primera sentencia. Por lo tanto, la guerra legal de más de una década tuvo el punto culminante en diciembre del 2022, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictaminó que la antigua ATLL, liderada por Acciona, tenía derecho a recibir 304,4 millones por aquel intento fallido de privatización. El consorcio de Acciona llegó a pedir una compensación de más de 1.000 millones por la adjudicación fallida, pero no llegó a ningún acuerdo con la Generalitat, visto el hecho de que la concesión se determinó en 2012 por 1.000 millones a pagar en 50 años, 300 millones de los cuales se abonaron tan pronto como se otorgó la adjudicación.

A falta de cerrar el litigio, en 2019, el grupo Acciona anunció que había vendido al fondo Fortress los derechos de cobro futuros de aquella indemnización, por un importe de 170 millones de euros, la mitad de lo que recibirá posiblemente Fortress.

A la espera de la decisión del Supremo

Después de la decisión del TSJC, tanto la Generalitat como el concesionario acabaron interponiendo un recurso de casación delante del Supremo, que todavía está pendiente de resolución. A la espera de ver qué decisión toma el Supremo, el año pasado el concesionario pidió al TSJC que la sentencia se ejecutara provisionalmente y en abril de aquel año este tribunal dictó un auto a favor de esta ejecución provisional.

"En cumplimiento de este auto, la Generalitat ha provisionado el importe de la sentencia, que sube a estos 365,6 millones de euros, incluyendo intereses," han asegurado a Efe fuentes del Departamento de Economía, que aclaran que este gasto se anulará en caso de que el recurso se resuelva a favor de la Generalitat.

Al elaborar los presupuestos de la Generalitat para el 2023, el Govern no creyó necesario incluir una provisión para ATL, porque no preveía que este asunto tuviera impacto presupuestario este año, pero finalmente la provisión se ha acabado ejecutando en mayo, después de aquel fallo judicial del TSJC.

Después de aquella privatización fallida, en 2019 la Generalitat asumió directamente la gestión de la nueva empresa pública de aguas, renombre Ente de Abastecimiento de Agua Ter-Llobregat (ATL).