El Govern ha autorizado el aval que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha otorgado al grupo siderúrgico Celsa de hasta 35 millones de euros. Con estos recursos, la compañía pretende "facilitar la operativa" de la compañía y "generar confianza" en los proveedores energéticos, y optar a mejores condiciones, en una de las partidas más relevantes de costes para el grupo siderúrgico catalán.
El ejecutivo catalán, que ha mandado la luz verde a este aval en su reunión de este lunes, ha destacado la importancia del aval en la actual etapa de transformación del grupo, que es el primer productor del continente de acero circular de bajas emisiones, que apuesta por un modelo productivo más sostenible donde la descarbonización y la economía circular tienen un papel relevante.
En un comunicado, el Govern destaca que con este acuerdo se garantiza el equilibrio patrimonial del ICF por el menyscabament tanto de capital como de intereses que se puedan derivar de la formalización por el ICF de uno o varios avales a favor de Celsa OpCo, SAU (anterior Barna Steel, S. A.), o cualquier empresa del grupo Celsa, de hasta un importe máximo de 35 millones de euros, con un plazo de duración no superior al 31 de diciembre de 2025. Es una garantía ante sus proveedores.
Reordenación y desinversiones
El grupo Celsa está en plena reordenación. A través de Barna Steel los accionistas del grupo Celsa aprobaron el octubre pasado una ampliación de capital, en metálico, de 166 millones de euros que se destinarán íntegramente a inversiones y mejoras en áreas estratégicas de la siderúrgica. La compañía, como había anunciado anteriormente, quiere incrementar su competitividad global.
Para eso ha desarrollado un plan con varias iniciativas, identificadas y definidas conjuntamente por el equipo humano de Celsa y la consultora Bain & Compañero se financiarán gracias a esta ampliación de capital, contribuyendo -junto con el programa de inversiones ordinarias- a fortalecer el futuro de Celsa. El aval, que es efectivo hasta finales de 2025, llega después de que la familia Rubiralta, fundadora de la compañía siderúrgica, perdiera su propiedad en favor de un grupo de fondos internacionales acreedores en el 2023.
Al mismo tiempo, ha iniciado un proceso de desinversiones que lo ha llevado a vender a Seven Global Investments al 100% de sus filiales en el Reino Unido, Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca para reducir su endeudamiento "de acuerdo con los compromisos legalmente asumidos"