Las grandes energéticas, que recurrieron el gravamen extra a la facturación ante la Audiencia Nacional, se preparan para descongelar inversiones millonarias una vez se consume el rechazo, como es previsible, del conocido como 'impuestazo'. La oposición de Junts y PNV, que no tienen previsto cambiar de opinión, según confirman fuentes de los partidos a ON ECONOMIA, tiene que rechazar el gravamen en la votación del pleno de este miércoles. Y, sin él, empresas como Endesa o Repsol, que habían puesto inversiones en duda vinculadas a esta carga fiscal, las sacarán adelante. Ahora bien, el fracaso del gravamen puede derivar también en el fracaso de los presupuestos, ya que Unidas Podemos vinculó su apoyo a las cuentas a la aprobación del gravamen y el PSOE necesita los 5 votos del partido morado para sacarlos adelante.
Fuentes de Endesa reconocen que "sacar el impuesto incrementa la capacidad de inversión en un momento de grandes oportunidades". "El impuesto retrae inversiones, por lo cual, si se retira, los 200 anuales del 2023 y 2024 los tendremos disponibles para eventualmente invertir", añaden. Repsol, por su parte, dejó claro a través de su consejero delegado Josu Jon Imaz que la inversión de 1.100 millones de euros en Tarragona para hacer metanol verde sería "imposible" si se mantiene el gravamen y ahora, una vez no salga aprobado (a no ser que se dé una gran sorpresa), estas inversiones dejarán de peligrar.
Cepsa, antes de cambiar su nombre a Moeve, también congeló su macroproyecto de hidrógeno verde en Andalucía y estudió trasladarlo a otro país.
Desde el sector eléctrico, que a través de la patronal AELEC recurrió el gravamen, siempre han dejado claro que este "se creó en la UE en un momento concreto después de la invasión de Ucrania como respuesta a los beneficios extraordinarios de empresas gasistas, mineras y petroleras, nunca a las eléctricas". Y critican que "en cambio, el Gobierno lo impuso a las utilites, en contra del criterio de la Comisión Europea y dañando las inversiones en transición energética del país".
Es por eso que interpusieron un recurso a la Audiencia Nacional que, tal como publicó recientemente La Información, estudia ahora elevar el recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que sería el ámbito europeo el que el gravamen contradice.
Fondos del sector explican que si la Audiencia Nacional o el TJUE les dan la razón aspiran a hacer que les devuelvan la recaudación de manera retroactiva.
Un camino que viene de 2022
El gravamen se aprobó el año 2022 con el paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra de Ucrania, que dispararon los recibos de la luz, y hacía pagar parte de los costes a las energéticas que aumentaron beneficios. Aunque las empresas ya se mostraron contrarias en aquel momento, la oposición creció considerablemente cuando el Gobierno decidió prorrogarlo y, en última instancia, tratar de hacerlo permanente.
Aunque a finales del año pasado el ejecutivo parecía ya renunciar a este impuesto ante la resistencia de PNV y Junts, indispensables, a aprobarlo, finalmente en noviembre pactó con Unidas Podemos mantenerlo con el fin de dar luz verde a los presupuestos. El ejecutivo anunció que "esta estrategia tendrá que ser compatible con no gravar las inversiones que se comprometan con la descarbonización", pero la forma de reducirlo se daba a partir de una fórmula que tampoco no contenta las energéticas, según la publicación del decreto ley en el BOE del pasado 23 de diciembre.
Una vez pasada un mes de aquella publicación, el plazo máximo para aprobar la ley en el Congreso, el gravamen se votará en el último día posible, este miércoles. Y el ejecutivo de Pedro Sánchez parece abocado a al menos una derrota entre dos: o bien no aprueba los presupuestos porque no hay gravamen y no tiene el apoyo de Unidas Podemos, o bien se queda sin importantes inversiones para la transición ecológica si a última hora y por sorpresa acaba consiguiendo los apoyos.
Parece más posible que busque un acuerdo diferente con Unidos Podemos una vez fracase el "impuestazo". Pero al partido lila no se muestran por ahora demasiado predispuestos ni comprensivos con el hecho de que es la falta de apoyos y no la posición socialista la que hará caer el impuesto. "El Gobierno llegó a un acuerdo y es su responsabilidad encontrar apoyos para cumplirlo", dicen fuentes del partido a ON ECONOMIA. En la misma línea, la portavoz del partido, María Teresa Pérez, aseguró que "Junts y PNV defienden los intereses de las energéticas y no de la gente que los votó" y que "parece que el cachorrito de Repsol no es Aitor Esteban, sino Pedro Sánchez, que es quien no quiere aprobar el impuesto a las energéticas".