Hacienda ha ingresado este 2024 más de 2.800 millones de euros por el impuesto extraordinario a la banca y las empresas energéticas, que el gobierno español anunció en el verano de 2022, cuando empezaron a subir los tipos de interés y el precio de la electricidad estaba disparado. En 2023, el fisco recaudó también 2.900 millones por el mismo gravamen.

Estos gravámenes, que tienen un primer pago anticipado en febrero y un segundo pago de liquidación en septiembre, "siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios", explican desde el ministerio que lidera María Jesús Montero. En ambos casos, el pago del ejercicio 2024 se hace teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 2023.

En concreto, los gravámenes a las entidades de crédito y a las empresas energéticas alcanzaron los 2.859 millones de euros en 2024. Se trata de una cifra que estaba "en línea" con las previsiones del gobierno español y, que además, es muy similar al importe del año anterior, cuando Hacienda recaudó exactamente 2.908 millones. En los dos ejercicios, los ingresos ascienden a 5.767 millones.

El Ejecutivo ya ha mostrado su disposición a hacerlo permanente, pero aún no lo ha confirmado ni ha detallado si sería como hasta ahora o cambiaría su composición. En cualquier caso, todas las empresas afectadas lo han rechazado. Si se desglosa por sectores, la banca ha pagado este año 1.695 millones de euros. Y las empresas energéticas, otros 1.164 millones de euros.

Desde el ministerio de Hacienda siguen defendiendo la validez de este gravamen pese a las críticas de las empresas que lo pagan, que incluso lo tienen recurrido en los tribunales. "Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social del país", señalan.

En este sentido explican que, con esta recaudación, el gobierno central ha podido aliviar la carga impositiva de las rentas medias y bajas a través de "la mayor rebaja de la historia en impuestos vinculados a la energía o del IVA", que ha supuesto un ahorro para las familias de 25.000 millones de euros. A esta cantidad hay que añadir la rebaja del IRPF a las rentas hasta 21.000 euros, que ha supuesto 5.000 millones de ahorro en las retenciones del impuesto. Y también la reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% para las pymes con una facturación hasta un millón de euros, añaden.

¿Quién paga este impuesto?

Desde Hacienda recuerdan que en el caso de las empresas energéticas, afecta a los ‘operadores principales’, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería.

No obstante, están exentos del pago aquellos ‘operadores principales’ cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.

En cuanto al impuesto a la banca, se ven afectadas las entidades y establecimientos financieros de crédito cuyos ingresos por comisiones e intereses a los clientes superen los 800 millones de euros. En este caso, la base imponible es la suma del margen de intereses y de los ingresos y gastos por comisiones, y el porcentaje aplicable es del 4,8%.