El Ministerio de Hacienda aprobó en marzo la inyección de otros 500 millones de euros a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para afrontar la adquisición de acciones de Telefónica, según se desprende del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) correspondiente al mes pasado.
Esta cantidad se suma a los otros 500 millones de euros que la cartera dirigida por María Jesús Montero aprobó en febrero para ese cometido, por lo que el importe de las transferencias de Hacienda a la SEPI para la compra de acciones de la teleco española asciende ya a 1.000 millones de euros.
En concreto, el informe de ejecución presupuestaria de marzo apunta que hubo una aportación patrimonial de 500 millones de euros a la entidad pública, una inyección de liquidez que, si bien no se especifica que sea para la compra de acciones de Telefónica por parte del Estado, sigue el mismo esquema que la inyección realizada en febrero.
El Estado posee ya el 6,169% de Telefónica a través de la SEPI y la información remitida por la entidad pública a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) recoge que el paquete accionarial de la entidad pública dependiente del Ministerio de Hacienda corresponde a 354.750.278 títulos.
Además, se especifica que el precio medio que el Estado ha pagado por cada acción de Telefónica es de 3,9378 euros, por lo que la inversión del Gobierno en la compañía española roza ya los 1.400 millones de euros (1.396,93 millones de euros).
Si se tiene en cuenta la cotización de Telefónica al cierre de la jornada bursátil del pasado viernes, que finalizó en 4,222 euros, el paquete accionarial del Estado en la compañía tiene un valor de mercado de 1.497,75 millones de euros, es decir, unos 100 millones de euros más que el importe desembolsado hasta el momento.
De este modo, la SEPI sigue avanzando en el mandato del Gobierno de adquirir hasta un 10% de la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete, un movimiento que se produjo en reacción al sorpresivo desembarco de la teleco saudí STC en Telefónica el pasado septiembre.
En concreto, STC adquirió un 9,9% del capital social de Telefónica --un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados financieros-- en una operación valorada en 2.100 millones de euros. En ese sentido, el Gobierno ya ha trasladado su intención de pedir un asiento en el consejo de administración de Telefónica, si bien la participación del 6,169% que ostentan actualmente no es, en teoría, suficiente para ello, dado que el umbral se sitúa en el 6,66%.
Sin embargo, cabe señalar que otros accionistas con una participación menor, como CriteriaCaixa, cuentan con representación en el consejo de administración de la compañía. Antes del movimiento anunciado el pasado viernes, la SEPI ostentaba un 5,034% del capital social de Telefónica, si bien el pasado 25 de marzo afloró una participación inicial del 3,044%.