Después de más de un año en caída libre de clientes y pérdidas, Holaluz se enfrenta ahora a una huelga indefinida convocada por la plantilla a partir del 14 de febrero ante lo que consideran "un ERE encubierto". Han empezado el año con una prohibición del teletrabajo que, teniendo en cuenta que era uno de los beneficios de los trabajadores, que tienen sus sueldos congelados, lo consideran como una invitación a dejar la empresa, según cuentan fuentes del comité de empresa.

El comunicado del comité, formado por UGT y CGT, lamenta "la drástica decisión de volver a la presencialidad total después de 5 años de flexibilidad laboral y teletrabajo opcional", que "teniendo en cuenta el empeoramiento en el último periodo de las condiciones laborales", consideraban como "una condición indispensable". 

Fuentes del comité de empresa recuerdan a ON ECONOMIA que el ERE del pasado año se saldó con 200 salidas de una plantilla de 600 personas y que durante el año hubo un goteo de despidos que se elevó hasta más de 40 y "mucha otra gente que ha ido saliendo de la empresa" hasta llegar a una plantilla que actualmente es de 250 trabajadores en la comercializadora eléctrica. La empresa está dividida en tres y en las otras dos se encuentran los instaladores, por una parte, y los vendedores, por otra. 

El pasado mes de noviembre, el desconocido fondo con sede en Barcelona Icosium Investment entró como nuevo accionista en Holaluz con una inyección de 22 millones de euros y tres puestos en el consejo de administración. Era un paso más para intentar salvar una crisis forjada por la sobredimensión de las previsiones tras el boom de las renovables de 2022, que precipitó unas pérdidas de 26,16 millones en 2023, cinco veces superior al año anterior, y de 13,5 millones de euros en el primer semestre de 2024. La crisis motivó también enfrentamientos frontales en el consejo de administración. 

"Si después de todo, la empresa no cuida a lo único que le queda, que son los trabajadores, se quedarán solo quienes no tengan alternativa y se convertirá en una empresa zombie", auguran estas mismas fuentes. 

El comité denuncia la contradicción de que "una empresa que alega abogar por la sostenibilidad" no mantenga el teletrabajo, que "ha permitido a muchas personas trabajadoras habitar en zonas rurales, conciliar con sus vidas personales familiares" y reduce la contaminación por los desplazamientos en coche. 

En septiembre del año pasado, la empresa propuso pasar de la libre conciliación del teletrabajo a tres días por semana en remoto, a lo que los trabajadores se negaron. "Durante las negociaciones hubo pocas concesiones por parte de la empresa. A pesar de las amenazas de la compañía, la plantilla rechazó la propuesta", relata el comunicado del comité. 

En diciembre, la empresa impuso una Modificación Sustancial de Condiciones de Trabajo (MSCT) que suponía no solo la eliminación del teletrabajo, sino también los cursos de idiomas y el seguro médico, "los últimos derechos adquiridos", resalta el comité.

La falta de adaptación de los sueldos a las subidas del IPC, incluso cuando la situación de la empresa era buena, convierte el teletrabajo en una condición indispensable para los trabajadores, según cuentan, hasta el punto de que en una encuesta interna un 97,7% de trabajadores aseguraron que el teletrabajo era una condición imprescindible para continuar en el puesto de trabajo. 

Esto es algo que la empresa contempla, pues, según relata el comité, "al final de la comunicación [la empresa] recuerda que quien se quiera ir de la empresa, facilita a personas trabajadoras que no quieran o no puedan continuar en el proyecto a raíz de estos cambios".