El Gobierno tiene previsto negociar con los nuevos propietarios de Celsa para garantizar la viabilidad futura de la empresa, así como el mantenimiento de todos los puestos de trabajo y su continuidad en España, y confirma que esta operación necesita la autorización del Consejo de Ministros. Tras la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha subrayado que la operación está sometida al control de inversiones extranjeras y, por tanto, la propiedad y el control efectivo de la empresa por parte de los acreedores financieros no se hará efectivo hasta que el Consejo de Ministros autorice la operación. Para ello, los inversores deben presentar la correspondiente consulta o solicitud de autorización, informa Efe.

El Ejecutivo, que muestra respeto a la decisión judicial, ha pedido tranquilidad a los trabajadores y se ha comprometido a negociar con los nuevos propietarios para garantizar la viabilidad de la empresa, la integridad de sus unidades de negocio, el mantenimiento de todos los empleos, su continuidad en España, así como la puesta en marcha de una gobernanza corporativa "moderna, independiente y profesional". El Ministerio de Industria insiste en que su prioridad es garantizar la estabilidad de los más de 10.000 profesionales que trabajan en el grupo siderúrgico. Algo a lo que, por su parte, se han comprometido los fondos acreedores.

El titular del Juzgado Mercantil número 2 de Barcelona ha homologado el plan de reestructuración propuesto por los acreedores de Celsa, por lo que da vía libre para que los fondos acreedores pasen a ser accionistas de la compañía y sustituyan a los actuales propietarios, la familia Rubiralta, según dicta en su sentencia, contra la que no cabe recurso. El juez sostiene que la propuesta de los acreedores asegura la viabilidad del grupo y califica su plan de "la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa", aunque advierte al mismo tiempo de que deben cumplir "estrictamente" sus compromisos, entre ellos el de preservar el valor de la compañía, mantener su integridad y conservar los puestos de trabajo.

Tras la sentencia dictada este lunes, los fondos acreedores que controlan en torno el 90% de la deuda jumbo y convertible de la siderúrgica aseguran que esta les concede "el 100% del capital de la empresa mediante la capitalización de 1.352 millones de deuda convertible y de parte de la deuda". Este grupo de fondos, formados por Deutsche Bank, SVP, Cross Ocean, Anchorage, Golden Tree, Attestor, Goldman Sachs, Sculptor y Capital Group, ha ratificado al mismo tiempo su "compromiso" con el mantenimiento de las operaciones de la empresa en España y su intención de nombrar a un nuevo consejo de administración.