La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha enviado cartas a miles de empresas conminándolas a reducir el consumo de "forma inmediata". En el caso de los sectores industriales, se les reclama rebajar el consumo en un 15% desde que se declaró la fase de preemergencia el 28 de noviembre pasado, que se elevará al 25% cuando se entre en la de emergencia, previsiblemente en enero. Sin embargo, ¿las industrias que requieren un uso intensivo de agua —alimentarías, papeleras, lavanderías... — pueden reducir una cuarta parte de su consumo?

Desde las patronales y los sindicatos ya se está planteando a la administración pública el establecimiento de ayudas y planes para que los trabajadores se puedan acoger a ERTE si las restricciones de agua comportan caídas de la producción.

Carles Mas, director del área de Economía y Empresa de Pimec, señala que hay "inquietud" por la incertidumbre de las consecuencias de las medidas de ahorro de agua que se implementen y por las posibles líneas de ayudas. Pero deja claro que la industria "ha hecho los deberes" porque lleva años aplicando medidas de eficiencia en el consumo por "sentido común". Y subraya que la mayoría de las empresas ya no tiene más margen de mejora. "Pueden reducir el consumo de los lavabos de los empleados o dejar de regar las plantas, que es insignificante, pero no pueden reducirlo en los procesos industriales", precisa.

Muchas empresas tienen dificultades para financiar la incorporación de las mejores tecnologías disponibles para el ahorro de agua. Mas advierte que el coste del crédito quizás no se podrá repercutir en el precio final del producto porque es necesario tener en cuenta la competencia de las empresas de otros países que no están sometidos a las mismas restricciones que aquí.

Carles Mas (Pimec): hay que reducir la gestión burocrática porque una empresa puede tardar más de un año en tramitar una ayuda o una licencia de mejoras para reducir el consumo

En su opinión, para afrontar la falta crónica de agua, la administración tiene deberes pendientes. A largo plazo, la planificación de infraestructuras, inversiones en regeneración y políticas de consumo más eficiente. Y a corto plazo, indica que en un año se tendría que monitorizar toda la red de distribución de agua para evitar los escapes. Añade que hace falta decidir cómo se ejecuta el plan y cómo se financia. Además, reclama a la administración que disminuya la gestión burocrática porque una empresa puede tardar más de un año en tramitar una ayuda o una licencia para mejoras que reducirán el consumo.

Llorenç Serrano, responsable de Transiciones Justas de CC.OO, advierte que si la reducción de caudales afecta a las actividades económicas, se deberán establecer planes "en forma de ERTE" para proteger a los trabajadores a los que se suspenda de trabajo. Añade que será necesario preservar las actividades económicas básicas o esenciales, a pesar de la dificultad en concretar cuáles son.

Indica que desde que se activó el plan contra la sequía, en 2021, las condiciones climatológicas han ido a peor y que, de cara al futuro, hay que prepararse para escenarios críticos.

Entre las empresas existe preocupación. En declaraciones a Efe, Salvador Sedó, director de Desarrollo Sostenible de Foment del Treball, indicó que el sector químico y el papelero pueden ser los más afectados por las restricciones porque necesitan agua para su producto final. Juanjo Meca, secretario general de Fedequim, advirtió que el segmento de la química fina (que fabrica principios activos para los medicamentos) puede verse obligado a detener la producción.

El consejero de Acción Climática, David Mascort (en la fotografía superior), reconoció este martes que, si no llueve, se decretará la fase de emergencia el próximo enero en el área que depende del sistema Ter-Llobregat. Desde este sistema se distribuye agua a las comarcas de Barcelona y Girona, con más de seis millones de habitantes. Si se decreta la fase de emergencia, confirmó que los nuevos proyectos que requieran un elevado consumo de agua tendrán que esperar. También quedarán aparcados los planes urbanísticos que no se ajusten al plan contra la sequía.