Álvaro Lobato Lavín, el magistrado del juzgado mercantil número 2 de Barcelona, que dictó sentencia sobre el ‘caso Celsa’ dejando el grupo -propiedad de la familia Rubiralta- en manos de los fondos acreedores de la compañía, estuvo con anterioridad vinculado profesionalmente a uno de los acreedores, en concreto, Deutsche Bank AG London Branch. La relación entre el abogado Lobato y el fondo alemán se remontaría a los años 2019 y 2020, cuando el ahora magistrado ejercía sus funciones de letrado en el prestigioso bufete DLA Piper. Esta consultora multinacional se creó en 2005, a raíz de la fusión de los despachos de abogacía Piper Rudnick -el bufete norteamericano que allanó el camino para que José María Aznar obtuviera un reconocimiento en EE. UU.- con el británico DLA. Años más tarde, el expresidente español se incorporó a DLA Piper, como asesor senior.

Entre la documentación de Deutsche Bank AG London Branch constaría, según una información difundida por El Periódico, un recurso de apelación de un conglomerado de fondos, el alemán, entre ellos, contra Sacyr y Cintra por la construcción de la autopista de peaje R-4 de Madrid, fechado en 2019. La segunda, de julio de 2020, es otro recurso de apelación, con el mismo fondo en la parte apelante, en un proceso contra el concurso de acreedores de Aeropistas, declarado en enero de 2014. Álvaro Lobato se incorporó al despacho de DLA Piper cuando la consultora reforzó su presencia en España, en 2009, y dejó la firma en 2019, de la cual fue responsable del área de litigios. También ha estado vinculado a Fide, un think-thank jurídico-económico que actúa como foro de espacios de debate, investigación y formación en las materias más relevantes del entorno jurídico-económico moderno.

El magistrado dictó sentencia sobre el concurso de acreedores del grupo Celsa que solicitaron los fondos de inversión, en posesión de casi 4.000 millones de deuda, el pasado 4 de septiembre, alegando que el importe de la deuda era muy superior al valor de la compañía y que, con la propuesta de los acreedores se asegura la viabilidad del grupo Celsa. Entre sus argumentos constaba que: “en una moderna economía competitiva, el mercado es y debe ser el único árbitro de la supervivencia económica”.

En una resolución que no admite recurso alguno basándose en la nueva ley concursal vigente en España desde el 26 de septiembre de 2022, Lobato sentenció que los acreedores tenían la facultad de implementar el plan de reestructuración de la deuda, puesto que “es la única alternativa viable a medio plazo para la totalidad del grupo Celsa”. Sí advirtió el magistrado que los acreedores deberán “cumplir estrictamente sus compromisos, preservando e incrementando el valor de la compañía”. Este último extremo está pendiente de la decisión que tome el Gobierno español, ya que, en aplicación de la ley de opas, aprobada durante la pandemia para blindar a las compañías españolas frente a inversores de fuera de la Unión Europea, el ejecutivo tiene que autorizar la operación. Los acreedores solicitaron oficialmente la toma de control de la siderúrgica catalana la semana pasada. Según la norma, el Gobierno dispone de tres meses para tomar una decisión y ya ha expuesto a los fondos internacionales que exigirá que se desprendan de entre un 20% y un 25% del capital de la compañía, para dar entrada a un socio industrial español.