La jueza de Tarragona que investiga la explosión en la petroquímica IQOXE, que en enero de 2020 causó tres muertos, ha dejado a un paso de juicio a la compañía y a tres de sus directivos, al concluir que el accidente pudo deberse a las deficientes condiciones de la actividad industrial de la planta.
En el auto, la titular del juzgado de instrucción de Tarragona da por cerrada la investigación del caso y da diez días a las acusaciones para que presenten sus escritos contra los imputados, a los cuales atribuye delitos de imprudencia grave con resultado de muerte y lesiones, contra los derechos de los trabajadores y estragos.
Causas de la explosión mortal en Tarragona
La jueza considera que la causa de la de la explosión podrían ser las "deficientes condiciones en que se desarrollaba la actividad industrial, que es competencia de los máximos responsables de la empresa", ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La magistrada también hace referencia a las "condiciones de sobreproducción de la compañía, la falta de personal, el incumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, las deficiencias en las instalaciones y equipos, la falta de medidas de seguridad tanto laboral como industrial, así como las deficiencias en el funcionamiento y la activación" de los planes de Protección Civil.
Multa de 2,1 millones de euros
A principios de abril, el Departamento de Empresa i Treball de la Generalitat propuso una multa de 2,1 millones de euros a la petroquímica IQOXE por la explosión de un reactor.
Según dictaminó la Generalitat, la infracción mayor comportaba un millón de euros de multa por "fabricar un lote del producto MPEG 500 modificando la receta de fabricación, concretamente la medida del lote, el catalizador a utilizar y la cantidad utilizada, todo eso sin respetar las instrucciones del fabricante, sin evaluar los mencionados cambios y sin efectuar ninguna prueba ni ensayo previo para constatar si la reacción era segura".
Otras infracciones detectadas en el expediente después de la explosión, que comportaban cada una multas de medio millón de euros, fueron "silenciar las alarmas sonoras del sistema de seguridad en la sala de control" y que "en el momento del accidente, así como en instantes anteriores, el panel de la sala de control de la unidad U-3100 no estaba siendo objeto de supervisión". La última infracción, valorada en 100.000 euros, tenía relación con "no proporcionar formación específica de su puesto de trabajo a los empleados".
En el momento de la explosión, IQOXE contaba con cuatro sanciones por incumplimiento de seguridad y salud laboral y de las condiciones de trabajo. Además, después del acontecimiento, la Inspección de Trabajo (ITC), dependiente de la Generalitat, propuso una sanción de 180.000 euros por una infracción muy grave a la empresa química.