Los acreedores del grupo siderúrgico Celsa apuestan por mantener "un diálogo constructivo" con las administraciones y las partes interesadas en este conflicto, según apuntan en un comunicado que han hecho público este martes, coincidiendo con la segunda sesión del juicio en el que se decide el futuro de la compañía controlada hasta ahora por la familia Rubiralta.
En este comunicado, los acreedores insisten en que el plan de reestructuración que han planteado es "la única alternativa capaz de asegurar la viabilidad del grupo" a corto y medio plazo y evitar, así, el concurso de acreedores. Reclaman a Celsa vencimientos pendientes por cerca de 3.000 millones de euros.
Respecto a la propuesta de diálogo que los acreedores han lanzado a las administraciones, el Govern de la Generalitat reiteró este martes el apoyo al actual plan industrial de Celsa. En boca de Patrícia Plaja, portavoz del ejecutivo catalán, el Gobierno "apoya el actual proyecto industrial ante cualquier amenaza que quiera imponer criterios extractores del valor industrial". Y recordó que la compañía "es estratégica para la economía y el conjunto del país".
El Govern mantiene que las ayudas de los fondos europeos que ahora están bloqueados por los fondos acreedores de Celsa "son la mejor solución" para "asegurar el mantenimiento del centro de decisión y su viabilidad económica y social".
Otros gobiernos autonómicos, como los del País Vasco y Cantabria, territorios donde Celsa cuenta con plantas de producción, también apoyan el plan industrial de la familia Rubiralta para evitar que el grupo pase a estar controlado por fondos extranjeros.
Administraciones públicas y agentes sociales –centrales sindicales mayoritarias y patronales como Foment del Treball– ya se pronunciaron a favor, hace un año, del plan de rescate público por parte de la SEPI, que preveía un plan de financiación por un importe de 550 millones de euros. No obstante, no se llevó a cabo.
En este juicio se decide si el capital queda bajo el control de la familia Rubiralta o bien pasa a manos de los fondos acreedores, que han presentado un plan para reestructurar la deuda (de más de 3.000 millones de euros) y convertirlo en acciones. Amparados en la reforma concursal, los fondos acreedores aprobaron el otoño pasado un plan de reestructuración para convertir la deuda en acciones.
La segunda sesión del juicio empezó este martes con la declaración de dos representantes de Lazard, la consultora contratada por la familia Rubiralta para elaborar el informe que fijó el valor del grupo en 6.000 millones de euros. Sin mencionar el nombre, los representantes de Lazard desacreditaron Lexaudit, que rebajó la valoración de Celsa por debajo de 2.800 millones de euros, un importe que se acerca a la deuda acumulada. Pusieron en duda su fiabilidad porque no contactaron con los directivos de la compañía.