El sector de la automoción europeo teme ser sancionado con multas millonarias por incumplir con los compromisos climáticos. El consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo, ha advertido este lunes de posibles multas de hasta 15.000 millones de euros a las que se podrían enfrentar los fabricantes de vehículos europeos si no son capaces de cumplir con los objetivos climáticos de la Comisión Europea en plena crisis tras la caída de ventas de vehículos eléctricos.
"La industria europea ya ha comprometido unos 250.000 millones de euros en inversiones, así que hay que mantener el negocio en marcha", ha asegurado el directivo en una entrevista con France Inter recogida por Europa Press en la que ha admitido que el grupo podría enfrentarse a una gran crisis de sus operaciones en Francia. Luca de Meo (Milan, 1967) fue presidente de Seat hasta el año 2000.
De Meo ha pedido de manera reiterada a la Comisión Europa "flexibilidad" en relación a los próximos objetivos de ventas de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga en los diferentes países europeos en un contexto en el que Bruselas espera confirmar la prohibición de venta de coches de combustión a partir de 2035.
El consejero delegado de Renault asegura que, en estos momentos, el sector en Europa se enfrenta a una fuerte recesión cuando la alemana Volkswagen se plantea cerrar varias fábricas en Alemania por primera vez en sus 87 años de historia.
Por su parte, la pasada semana el sindicato francés CGT informó que Renault está considerando la posibilidad de recortar puestos de trabajo en el país en los próximos tres años, incluso en ingeniería. "Durante 25 años, la industria automovilística europea ha tenido un 30% de exceso de capacidad", ha admitido De Meo.
Según el responsable de la marca, con los niveles actuales de ventas de vehículos eléctricos, los fabricantes tendrían que abandonar la producción de 2,5 millones de coches de combustión o enfrentarse a las multas previstas por el Ejecutivo comunitario.
Hace un año, Luca de Meo afirmó que el coste de aplicar la normativa Euro 7 para los fabricantes de coches podría suponer una inversión de 35.000 millones de euros. Precisó que esos costes adicionales corresponden a los sistemas y pruebas de homologación para adaptar los vehículos a la la normativa. En su momento, la patronal española Anfac alertó del posible cierre de fábricas si Euro 7 sigue adelante. También Skoda avisó de despidos de trabajadores con la activación de la nueva legislación de la Unión Europea. La normativa Euro 7 es más exigente en materia de emisiones para automóviles. Se espera que entre en vigor en julio de 2025 para turismos y furgonetas y en julio de 2027 para vehículos pesados. Luca de Meo apuntó en su momento que las inversiones necesarias para adaptarse a la nueva normativa se detraerán de los esfuerzos de los fabricantes en la tecnología eléctrica.