Este jueves 1 de junio entra en vigor el nuevo sistema de la patente unitaria europea, que comporta el establecimiento de un nuevo organismo regulador, el Tribunal Unificado de Patentes (TUP), que han ratificado 17 países europeos, pero del cual España ha decidido quedar al margen. Esta decisión puede restar competitividad en España porque las empresas, nacionales o internacionales, pueden considerar que sus avances industriales no están lo bastante defendidos en territorio español. Por esta razón, expertos del sector consideran que, a la larga, España acabará entrando en el sistema, porque no tiene sentido que haya sido, junto con Croacia y Polonia, uno de los países de la Unión Europea que ha quedado al margen.

De momento, ningún gobierno español se ha atrevido a dar apoyo a este nuevo sistema. Fue a finales del 2021, cuando el ejecutivo español -a pesar de las recomendaciones del Senado- decidió que no se añadía al nuevo proceso porque los idiomas para la patente unitaria serán el inglés, el francés y el alemán. El ejecutivo español argumentó que eso comportará gastos muy grandes de traducción para las empresas españolas que la quieran pedir y también un coste importante de traducción si se ven inmersas en un litigio de propiedad industrial. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los dos procesos podrán convivir en el tiempo, quien quiera patentar en España tendrá que hacerlo como territorio individual, como si se tratara de un estado de fuera de la UE.

Estar excluido del acuerdo no impide que las empresas españolas puedan verse implicadas en litigios bajo la jurisprudencia del nuevo Tribunal Unificado de Patentes, que de facto, desde su entrada en vigor este mes de junio, tendrá jurisdicción compartida con la de los tribunales nacionales de los diferentes estados miembros de la UE que hayan ratificado el Acuerdo para el Tribunal Unificado de Patentes. Es por eso que muchos expertos recomiendan a las empresas españolas que soliciten de manera activa la exclusión --mecanismo opt-out-- de la competencia del Tribunal Unificado de Patentes. La posibilidad de solicitar la exclusión se extenderá por un periodo transitorio de siete años, con opción de prórroga a siete años más. Se trata de un periodo transitorio, a la finalización del cual, la jurisdicción del Tribunal Unificado prevalecerá por encima de cualquier otro de los países que hayan firmado el acuerdo.

El sector, en general, ve más ventajas que inconvenientes en la opción de acogerse a la patente unitaria europea. Considera que aportará mucha más robustez y garantías a las patentes, ya que el tribunal estará formado por jueces con pericia en determinadas especialidades, por lo cual las decisiones sobre la validez e infracción de la patente se tomarán con más conocimiento y análisis. En general, las empresas españolas se beneficiarán de eso, el problema, sin embargo, es que España se haya quedado fuera del sistema porque "a medida que este tribunal vaya cogiendo solidez se verá cómo, disponer de una institución judicial que sustenta sus criterios según la opinión de jueces que entienden de las materias objeto del estudio, da más garantías para la defensa de los intereses empresariales", explica Maria Mercè Vidal, agente de patente europeo y responsable del departamento de patentes de Ponti&Partners. "Es importante disponer de una nueva herramienta, de un nuevo sistema, que les aporta ventajas porque pueden tener protección en bloque con un único trámite," argumenta.

No obstante, Vidal no esconde que la circunstancia de que las decisiones del tribunal se apliquen, también, directamente al conjunto de países donde la patente tiene efecto unitario, puede generar un incremento de las demandas sobre la propiedad industrial. En este sentido, desde el despacho Ponti&Partners se aconseja a las empresas que valoren muy juiciosamente para qué países creen que necesitarán preservar sus productos o servicios, en el corto y medio plazo, porque en función de cuáles sean puede ser interesante desde un punto de vista económico acogerse al nuevo sistema o mantener la vía clásica de validar la patente país por país. "Si dentro de sus intereses comerciales hay como mínimo tres países que están dentro del paraguas del nuevo tribunal, lo más aconsejable es optar por la patente unificada europea porque compensará pagar un poco más y ampliar la cobertura en 17 países, que hacer un gasto igualmente importante para obtener las validaciones solo en tres estados", explica Maria Mercè Vidal, agente de patente europeo y responsable del departamento de patentes de Ponti&Partners. No obstante, en cualquier caso, habrá que sopesar el hecho de que en estos países el Tribunal Unificado de Patentes tendrá jurisdicción exclusiva sobre la patente europea. Validar una patente en los 44 países que dependen de la Oficina Europea de Patentes (OEP) puede suponer un coste de entre 50.000 y 60.000 euros. Mientras que, según datos de la misma OEP, comparando las tasas y los costes indirectos, se comprueba que el coste general de la patente unitaria será significativamente inferior a lo que comporta la validación y mantenimiento de una patente europea tradicional en cuatro países.

Es aconsejable, también, que se tenga en cuenta la fortaleza de la patente que se quiere solicitar, es decir, identificar debilidades y fortalezas que pueden impactar en la explotación de la tecnología en los diferentes mercados de interés estratégico, porque la circunstancia de que se pueda unificar en una sola demanda la reclamación por posible infracción o acciones de nulidad en varias áreas geográficas, puede fomentar que el número de litigios se incremente considerablemente. "Hasta ahora, el hecho de tener que abrir procedimientos judiciales en cada uno de los países, con el coste que eso comporta, limita el número de demandas", aseguran los expertos de Ponti&Partners. El nuevo tribunal se pone en marcha con dos sedes, en París y Munich, y una tercera que ya se ha decidido que estará en Milán.