El Ministerio del Interior ha pospuesto dos meses más, al 2 de diciembre, la entrada en vigor del nuevo registro de viajeros recogido en el Real Decreto 933/2021, que estaba previsto para el próximo 1 de octubre, y que había provocado una oleada de críticas por parte de los hoteleros, las agencias de viaje y en general, de todo el sector turístico, que ahora celebran esta decisión. 

Este Real Decreto señalaba que habría un posterior desarrollo por orden ministerial de cuáles deberían ser los datos que se aporten por cada uno de los subsectores del turismo (alojamiento, coches de alquiler, agencias de viajes, plataformas de intermediación, campings, pisos turísticos…). Sin embargo, los hoteleros denuncian que, a fecha de hoy, este desarrollo legislativo no existe, por lo que se produce una confusión generalizada con respecto a qué información sería exigible y a la forma de remitirla, denuncian desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT).

"El sector hotelero, que siempre ha venido colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se encontró con la sorpresa de que tenía que facilitar datos no oficiales y que no aparecen en ninguno de los documentos que portan los viajeros (DNI y pasaporte) tales como forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio real", añade CEHAT, quien denuncia desde hace meses que esto hace imposible remitirlos de forma automatizada, obligando a su registro y envío de forma manual y al consiguiente aumento de errores y trabajo desproporcionado de quienes los deben remitir.

Ante esta situación, todas las asociaciones sectoriales se pusieron de acuerdo por primera vez reconocer los problemas que iba a ocasionar una legislación que califican de "muy deficiente y de imposible aplicación", y exigieron al gobierno español la revisión y el ajuste del Real Decreto, algo que han conseguido aplazar de momento dos meses más. 

En un comunicado conjunto firmado por Acave, Fetave y UNAV, las asociaciones y federaciones de agencias de viajes han señalado que este aplazamiento supone un "reconocimiento a sus justas reivindicaciones" y de todo su esfuerzo para demostrar las consecuencias negativas que podría tener la aplicación de esta ley sin un adecuado desarrollo normativo.

Las tres entidades han alertado repetidamente acerca de cómo las nuevas obligaciones de registro e identificación supondrían una sobrecarga administrativa "excesiva", en especial para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el núcleo del sector turístico (95% de las empresas).

Asimismo, alertaron de la imposibilidad de realizar las aportaciones de información en el tiempo y forma requerido, puesto que, en muchos casos, las empresas carecen de la mayoría de información que se solicitaba. Las agencias de viajes consideran también que esta norma puede generar incompatibilidades con la normativa europea de protección de datos, según recoge Europa Press. 

Por su parte, el vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), José Manuel Lastra, ha explicado que las agencias de viajes van a seguir "exigiendo que se exima a las agencias de viajes de esta obligación", ya que los datos exigidos ya son remitidos por los prestadores de los servicios.

Así, ha añadido que "obligar también a la intermediación supondría una duplicación de información innecesaria y hasta perjudicial para el objeto que se pretende, que es la seguridad", concluye.