Tres años después de la denuncia que puso Comisiones Obreras, 3.060 repartidores de Glovo que trabajaban como falsos autónomos en Andalucía han sido reconocidos como trabajadores en plantilla por Inspección de Trabajo, que aplica la ley Rider que entró en vigor en agosto de 2021. Hasta ahora, como la mayoría de los repartidores alrededor de España, estos 3.000 riders trabajaban como autónomos.
A pesar de la persecución del cumplimiento de la ley del ministerio que lidera Yolanda Díaz, que ha derivado en multas de hasta 125 millones en sanciones y 80 millones en actas de liquidación de cotizaciones (un total de 200 millones), Glovo insiste en mantener el pulso al Gobierno. Según denunció en su día el líder sindical de Glovo Joaquín Andrés a ON ECONOMIA, "la mayoría de riders siguen siendo falsos autónomos". Además, según Comisiones Obreras (CCOO), se han regularizado a 15.000 trabajadores del sector. Según denunció el líder sindical, siguen operando subcontrataciones ilegales de autónomos con cuenta de repartidor que ponen en su lugar a trabajadores sin documentos y sin ningún tipo de protección legal.
El sindicato ha pedido en un comunicado a la empresa de reparto que "recapacite, cumpla la normativa y que sus plantillas vean reconocidos sus derechos sociales y laborales".
La empresa catalana, fundada por Oscar Pierre, fue absorbida por la alemana Delivery Hero, que perdió 623 millones en 2022 arrastrada por las pérdidas de la catalana, que anunció poco después que despediría a 250 trabajadores de su plantilla.
Lo hizo tan solo unos días después de recibir su última gran multa, de 57 millones de euros. Por un lado, se sancionaron 7.022 faltas de alta de trabajadores en la Seguridad Social (falsos autónomos) por una cuantía de 32,9 millones de euros. A ello se sumó el acta de liquidación por la falta de cotización de esos trabajadores al régimen general de la Seguridad Social, por 19 millones de euros. Por otro lado, se sancionó a la firma catalana con 5,2 millones por trabajo irregular de personas extranjeras sin el correspondiente permiso de trabajo, una medida que afecta a 813 personas.