La opa hostil lanzada por el BBVA contra el Banco Sabadell no solo ha agitado el mercado y el sector financiero del Estado, sino que también ha entrado de lleno en el debate político. A tan solo dos días de las elecciones catalanas del 12-M, prácticamente todos los partidos han tomado una postura en este asunto, mostrando su rechazo a una operación que supondría una mayor concentración bancaria en el país. Desde el Gobierno, el mensaje ha sido de profundo rechazo, tanto en el fondo como en las formas, una postura que ha intensificado en las últimas horas, pero que no estaba tan clara con la primera oferta amistosa del BBVA. De hecho, incluso ha insinuado que podría oponerse a ella al margen de lo que digan los reguladores.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, había calificado la hipotética fusión inicial como "una buena noticia", pidiendo "prudencia" para que el Ejecutivo pudiera analizar todos los condicionantes de la oferta inicial del banco que preside Carlos Torres.
Tras la negativa del Sabadell y la insistencia del BBVA, esta vez de forma más agresiva, los miembros del gobierno de Pedro Sánchez han virado su discurso hacia el rechazo total a la operación cada vez que han tenido oportunidad de hablar sobre el asunto. Una postura que se intensifica a penas dos días antes de las elecciones catalanas, en las que el candidato del socialista, Salvador Illa, encabeza las encuestas. Habrá que ver qué dicen el lunes, pasados los comicios.
Cuerpo y Puente refuerzan la negativa del Gobierno
Así, este viernes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista en Antena 3 que la compra del Sabadell supondría "un paso atrás" en la inclusión financiera y ha reiterado que el Gobierno “tiene la última palabra a la hora de autorizar esta fusión por absorción”, dando a entender que podría desmarcarse de una eventual aceptación por parte de los reguladores. Cuerpo insiste en su preocupación por el posible efecto en el sector resultante de la absorción, que crearía la segunda mayor entidad financiera del país, y ha advertido de su “potencial efecto lesivo en materia de competencia”, que podría afectar a los consumidores.
De hecho, asegura que ya han trasladado la opinión del Ejecutivo a todos los actores involucrados, incluyendo a los supervisores del mercado. Otra figura importante del actual gobierno de España, el ministro Óscar Puente, también ha salido al paso este viernes para afianzar la postura oficial contra la opa hostil. El titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible ha advertido de que harán "lo que está en su mano" para que la ofensiva del BBVA contra el banco catalán no salga adelante, ya que el Ejecutivo "no es partidario" de dicha operación.
Lo ha hecho en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, recogidas por Europa Press, antes de mantener una reunión con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, al ser preguntado por los periodistas por el asunto que ha marcado el centro del debate político en los últimos días. Puente ha subrayado que el Gobierno no ve "necesaria ni útil esa operación, y creemos que no contribuye a mejorar la situación del mercado bancario en España, que es muy importante, porque afecta a cuestiones que son centrales en la vida de las personas".
Estas declaraciones se suman a las realizadas ayer por el propio Cuerpo, así como por otros miembros del Ejecutivo, como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preocupada por cómo puede afectar la mayor concentración bancaria al empleo femenino. Por parte de sus socios, la líder de Sumar, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que la opa es "contraria a los intereses de España", además de que "destruiría mucho empleo, provocaría exclusión financiera y más oligopolio".