La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) carga contra el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero, que ha dejado claro su intención de hacer permanente el impuesto a la banca y energéticas. Se trata de un gravamen que iba a ser temporal, pero que ahora el gobierno español quiere que permanezca en el tiempo, de hecho lo pactó así Pedro Sánchez con Sumar en el acuerdo de investidura.

La decisión ha incendiado a todas las empresas del sector, que han criticado con dureza esta decisión. Aelec, incluso advierte ahora que va en contra de la normativa europea. “El gravamen energético no está alineado con la normativa europea, pues grava los ingresos de las empresas, mientras que la contribución solidaria del Reglamento recae sobre los beneficios extraordinarios. Además, es inconsistente con la normativa europea porque afecta a todas las empresas energéticas, mientras que la contribución solidaria europea grava únicamente a las empresas de petróleo, carbón y gas", indica la patronal.

Aelec, que integra a empresas como Iberdrola, Endesa y EDP, asegura que el gravamen contradice los fines proclamados por la política energética, puesto que, si se persigue la descarbonización, no puede penalizarse la herramienta "más útil" para conseguirla, que es la electrificación de los consumos de energía final. Por otra parte, la patronal señala que fomenta la pérdida de competitividad de las empresas eléctricas españolas con respecto a las europeas, al estar estas últimas exentas del gravamen.

Indica también que, al aplicarse sobre los ingresos de las empresas, limita el motor de crecimiento de las inversiones renovables en nuestro país, implicando un deterioro en la cadena de valor de las energías. Por todo ello, Aelec vuelve a defender que debería ser una medida "coyuntural y excepcional" y no mantenerse de forma permanente para evitar que se penalice a las empresas eléctricas españolas frente a sus competidoras europeas.

Iberdrola y Repsol hablan del impuesto

Ignacio Sánchez Galán ha hablado este miércoles del impuesto durante la presentación de resultados. En la conferencia con analistas, ha indicado que Iberdrola todavía no tiene provisionado que tenga que pagar el impuesto los próximos ejercicios, ya que Moncloa "no ha aprobado absolutamente nada". Explicaba ante los inversores que, por ahora, "solamente son rumores, ruido, pero no hay nada concreto".

El que se ha mostrado más crítico ha sido Repsol. Su consejero delegado, Josu Jon Imaz, arremetía este martes contra la probable decisión del Gobierno de dar carácter permanente al impuesto al sector energético, que grava sobre los beneficios de las empresas y que se suma al gravamen del impuesto de sociedades. Imaz tachó la medida de “populista” y argumentó que, como otras decisiones tomadas, “bajo el mantra del bienestar social, comprometen seriamente el modelo futuro de este país [España]”. 

Por otra parte, el Gobierno de Aragón ha anunciado este miércoles que recurrirá en la instancia judicial y ante las autoridades de la Competencia el impuesto a las empresas energéticas si el Gobierno de España lo consolida y pasa a ser un gravamen permanente.

En los últimos días, la CEOE y Foment también han denunciado el impuesto porque pone en riesgo inversiones en Catalunya, como los 1.100 millones que Repsol tiene previsto destinar a dos nuevos proyectos en el complejo petroquímico de Tarragona, y han pedido al Govern catalán que presione a Sánchez para frenarlo.