La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), a la que pertenecen Repsol, Cepsa, BP, Galp, Gunvor y Grupo Sares, ha advertido este jueves de que hacer permanente el impuesto a las energéticas, dando continuidad al gravamen temporal que caduca el 31 de diciembre, puede desalentar las inversiones en España. En un comunicado, la asociación ha reclamado un marco fiscal adecuado para impulsar las inversiones del sector en descarbonización y transición energética.
Las empresas del sector tienen previsto dedicar a ello más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones, ha dicho la AOP. Ha señalado que un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único estado de los 27 de la UE en tenerlo, lo que perjudicará la competitividad de un sector que ya tiene una carga fiscal muy elevada.
Según esta asociación, establecer un impuesto permanente al sector energético comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética.
También ha afirmado que la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración por los inversores internacionales del clima económico.
Peligra el hidrógeno
Según la AOP, con el impuesto se pondría en riesgo el desarrollo de los combustibles y el hidrógeno renovables, así como los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Asimismo, recuerda que el Informe Draghi advierte de que la competitividad de la UE está lastrada por un coste de la energía más alto que los de Estados Unidos o China como consecuencia de cargas fiscales que el informe pide limitar.
También apunta que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales, así como que la Comisión Europea (CE) ha indicado que las empresas del sector energético están ahora en una situación diferente a la vivida en 2022 durante la crisis de precios derivada de la guerra de Ucrania. Por todo ello, la AOP concluye que establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría "injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente".