La burocracia frena la competitividad de las pymes. Dedican 40,1 horas mensuales por término medio a las gestiones con las administraciones públicas, cuando estas ya tienen el 70% de la documentación que les reclaman y, encima, tardan por término medio 135 días en responder, según ha denunciado este viernes el presidente de Pimec, Antoni Cañete, en la presentación del estudio "Burocracia y competitividad empresarial".

Este estudio, elaborado por el Observatorio de la Pyme de Catalunya –que preside el economista Oriol a Amat- a partir de la respuesta de 705 empresas, desgrana datos como estos: El 69,6% de las pymes tuvieron que aportar documentos que la administración ya tenía. Un 25% entregaron 5 o más documentos repetidos. Y solo el 1,8% de estas empresas se han beneficiado de alguna eliminación o simplificación de trámites.

Además, dedican por término medio más de 40 horas mensuales a la gestión administrativa, que equivale a la jornada semanal de un empleado. Ante esta situación, el 47,8% de las pymes han contratado una gestoría además de destinar personal propio a realizar trámites administrativos. Y el 27,4% externalizan estas tareas.

El plazo medio de respuesta de la administración para un trámite no recurrente es de 135 días, superando el plazo legal de 90 días establecido por la Ley General de Subvenciones. El plazo medio de cobro de una subvención otorgada es de 166 días (5,5 meses). Un 25% de las pymes cobraron a más de 200 días (6,7 meses).

El 81,5% de las empresas encuestadas declaran tener dificultades para estar al día de toda la nueva normativa. La puntuación media de la "claridad" de la normativa que afecta a su actividad es de 2,39 sobre 5.

En el análisis de "la eficacia, la eficiencia y la calidad de la Administración Pública", Oriol Amat ha advertido que España y Catalunya presentan más deficiencias en comparación con otros países y regiones europeas. "La producción normativa ha crecido significativamente en los últimos años en Catalunya, con una media de 905 normas anuales cuando la media del resto de comunidades autónomas es de 498". Catalunya produce al doble de normativas que las otras comunidades, "cuando no tiene el doble de competencias".

Ha recordado que España ocupa "posiciones bajas" en rankings internacionales como el índice de competitividad del IMD, donde está en la posición 40 entre 67 países, o en los informes del Banco Mundial, que apuntan que las cargas administrativas son mucho peores que la media de los países del OCDE.

A la conocida frase que dice "Estados Unidos, innova; China, fabrica; y Europa, regula", Amat añade que "España lo complica y Catalunya todavía lo complica más". Por eso, a partir de las conclusiones del estudio del Observatorio de la Pyme de Catalunya, Pimec hace un llamamiento a las administraciones para que "pasen a la acción" en la reducción de la burocracia.

A preguntas de los periodistas, a modo de ejemplo, Cañete ha mencionado el caso de Pintaluba, una empresa familiar del Baix Camp (Tarragona) dedicada a la sanidad animal, que ha tardado tres años al conseguir una licencia de actividad, que le han concedido cuando ya ha descartado la ampliación. I Amat ha apuntado que Francia tiene 15.000 autónomos dedicados en la asesoría financiera independiente cuando en España hay poco más de 200 precisamente porque aquí la normativa es más compleja. Ha añadido que en las transposiciones de normativas europeas, hay estados que aplican la versión menos complicada y, otros como España, que todavía la complican más.

El estudio alerta de que "el exceso de regulación y la calidad insuficiente de la normativa están provocando inseguridad jurídica y dificultades para su cumplimiento, especialmente para las pymes." Cañete ha subrayado la necesidad de una "reforma profunda para simplificar, digitalizar y mejorar la coordinación de los procesos administrativos, con especial énfasis en las necesidades de las empresas de menor dimensión."

Acciones prioritarias

Pimec ha formulado 58 propuestas, con 10 acciones prioritarias:

  1. Establecimiento de una pausa legislativa para consolidar y mejorar la normativa existente. Eso implica parar temporalmente nuevas normativas que no sean esenciales para centrarse en simplificar y eliminar normas obsoletas.
  2. Revisión continua de la calidad reguladora y consolidación normativa, implementando un mecanismo permanente para asegurar que el marco legal es coherente y adaptado a las necesidades actuales.
  3. Aplicación del principio "una vez y basta" para garantizar que ciudadanos y empresas solo tengan que proporcionar información una sola vez entre administraciones.
  4. Impulso a la Ventanilla Única Empresarial, para centralizar los trámites administrativos con el objetivo de simplificar requisitos y evitar confusiones.
  5. Transformación digital completa de la administración con medidas para garantizar la inclusión digital y que todo el mundo tenga acceso a los servicios digitalizados.
  6. Evaluaciones sistemáticas de las normativas para evitar introducir normas ineficientes y permitir adaptarlas según los resultados.
  7. Generalización de los Informes de Idoneidad Técnica (IIT) y ampliación de las declaraciones responsables para agilizar trámites críticos y reducir el tiempo necesario para iniciar actividades económicas.
  8. Formación continua del personal público, enfocada en calidad normativa, gestión digital y técnicas de evaluación para mejorar los servicios prestados.
  9. Fomento de la colaboración público-privada, aprovechando el conocimiento y la innovación del sector privado para acelerar procesos como la digitalización.
  10. Simplificación administrativa para municipios pequeños y zonas rurales, adaptando los procedimientos a sus capacidades para garantizar la equidad territorial.