La plantilla de Unicaja ha ganado en los tribunales al banco que preside José Sevilla y dirige Isidro Rubiales, que tendrán que pagar a sus trabajadores todos los incentivos no cobrados durante 2023 y cuya suma asciende a unos ocho millones de euros. La entidad malagueña aún tiene la opción de recurrir la sentencia, pero los sindicatos esperan que afronte el pago y no se enturbien más las relaciones laborales.

Desde que Unicaja absorbió Liberbank en el verano de 2021, la plantilla asegura que estas relaciones laborales han empeorado. Primero llegó el ERE, que aunque se esperaba por la fusión, acabó en huelga por las discrepancias durante la negociación. Después hubo traslados, cambios en las oficinas y también algunas decisiones que el banco adoptó de manera unilateral, sin negociar con los sindicatos, y que acrecentaron el malestar en la plantilla.

Pero con la salida de Manuel Menéndez, que ejerció de consejero delegado hasta el año pasado, los trabajadores de Unicaja esperaban un cambio de rumbo en el banco andaluz. Sin embargo, este cambio no se ha producido y los sindicatos han acabado llevando a la entidad a los tribunales.

La denuncia partió de Comisiones Obreras, pero enseguida fue respaldada por el resto de sindicatos de Unicaja, como UGT, CESICA o Suma+T, que se personaron la semana pasada en la Audiencia Nacional para exigir al banco el pago de los incentivos del 2023 a toda la plantilla que cubrió objetivos, tanto de la red comercial como de los servicios centrales. Se trata de la primera vez que la entidad no abona estos incentivos y se ha limitado a dar una gratificación, según fuentes sindicales.

Fue exactamente en abril cuando Unicaja comunicó a su plantilla (en relación con los incentivos de 2023) que “no correspondía su abono”. Después de protestar en la Junta de Accionistas o incluso en la calle por este asunto (hubo huelga también en mayo), decidieron dar el salto a la justicia. Y este martes, la Audiencia Nacional dictaba sentencia a favor de los trabajadores al estimar la demanda contra Unicaja.

Se estiman que el banco debe a los trabajadores hasta 8 millones 

En concreto, la AN declaró no ajustado a derecho la decisión del banco de no abonar la retribución variable correspondiente al año 2023 y en consecuencia, condena a Unicaja a abonar el incentivo a los trabajadores que hayan cumplido los objetivos que tenían fijados.

“Lamentamos que un año después de la llegada del nuevo CEO sigamos teniendo que judicializar los temas laborales como en tiempos de Liberbank. Confiamos que este varapalo judicial le sirva a Unicaja para recapacitar y reabrir caminos a la negociación de los muchos temas que tenemos aún pendientes”, comenta CCOO. Entre ellos, el ajuste del modelo de distribución de oficinas (también judicializado), las aportaciones pendientes al Plan de Pensiones de Liberbank o la culminación de un Plan de Igualdad.

Desde algunos sindicatos estiman que el banco debe a los trabajadores, al menos, ocho millones de euros. Otros apuntan a más de seis millones. Aunque hay quien señala que la cifra exacta es difícil de deducir. El banco dispuso unos 5 millones de euros para pagar a las oficinas que cubrieron sus objetivos individuales y lo repartió proporcionalmente. Esto originó que no se cobrara el 100% del variable, pero además, el banco no informó nunca de cuántos departamentos de servicios centrales cumplieron con objetivos y no cobraron. “Así que la cantidad final solo lo sabe la empresa”, explican desde Suma+T.

En Unicaja no quieren hacer comentarios. Las relaciones laborales las gestiona José María de la Vega, que es el director general de personas y supervisa recursos humanos. El banco tiene hasta cinco días para recurrir la decisión de la AN el Tribunal Supremo, contra la que cabe recurso de Casación. Algo que los sindicatos piden que no haga.

Desde CESICA recuerdan que además de la mencionada demanda para cobrar el 100% de los incentivos de 2023, han reivindicado al banco que traslade las mejoras del convenio colectivo a Unicaja, por ejemplo, la no compensación ni absorción de salario; pero también que el banco ponga en marcha un sistema transparente de incentivos este 2024; o que rebaje la presión comercial, entre otros asuntos.

“Solicitamos a la empresa que cumpla la sentencia sin descontar la gratificación cobrada en su momento y no la recurra ante el Supremo, la plantilla se merece un trato justo”, añaden desde UGT.